ALMERÍA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los colectivos Ecologistas en Acción, Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Salvemos Mojácar han remitido un escrito a la Junta y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para solicitar que se proceda a la ejecución forzosa de las sentencias que determinan la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), por 2,3 millones de euros.
El citado escrito se insta a que se cumpla lo dispuesto, en uno de los casos en firme, por la Sección Primera del TSJA, que estipulo que el delegado provincial de Medio Ambiente formalizase las escrituras de compraventa o , en su defecto, Acta de Pago y Ocupación y demás documentación necesaria para la inscripción de la fincas que integran los sectores ST-1 y ST-2 en los registros pertinentes a nombre de la administración autonómica.
Los colectivos conservacionistas fundamentan su escrito, consultado por Europa Press, en el artículo 104 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa de ejecución forzosa de resoluciones judiciales que contempla que cualquiera de las partes y personas afectadas por una resolución pueden instar a su ejecución forzosa.
"La justificación de la ejecución de las resoluciones judiciales del TSJA relativas al ejercicio del retracto sobre los terrenos del Algarrobico sería viable desde el punto de vista legal y material porque la protección ambiental justifica toda acción publica destinada a gestionar y mejorar la calidad ambiental de los espacios protegidos, en este caso, la adquisición de unos terrenos privados para reparar un daño ambiental producido y reponer el lugar a su estado originario, como sería la demolición del inmueble del Algarrobico y la recuperación ambiental de la zona degradada", sostienen.
Aluden, asimismo, al artículo 42 del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que aunque se encuentra en fase de tramitación y aprobación inicial, es un "argumento", según subrayan, que la Junta "debería esgrimir para poder iniciar los pertinentes trámites para ejecutar la sentencia que avala el derecho de retracto sobre las fincas en las que se encuentra el complejo hotelero".
En concreto, señala que el citado articulo asegura que el Plan tiene por objeto establecer objetivos, criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para el dominio litoral, "siendo la regeneración de la playa del Algarrobico uno de sus objetivos establecidos y donde la demolición del hotel de Azata sería la solución más idónea desde el punto de vista ambiental". "Se recomienda además expresamente su descatalogación como suelo urbano y su restauración ambiental", apuntillan.
PROTOCOLO JUNTA-GOBIERNO
Ecologistas en Acción, Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Salvemos Mojácar solicitan, asimismo, que se ejecute el protocolo general de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente para la recuperación de la playa del Algarrobico publicado en el BOE de 6 de diciembre de 2011.
Cabe recordar que TSJA declaró el 13 de enero la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta andaluza la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata por un importe de 2,3 millones de euros mientras que las otras dos en el mismo sentido se encuentra en trámite de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
La sentencia de la Sección Primera del Alto Tribunal que ya es firme, dictada en octubre de 2013, considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.
Apunta, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio "es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto".
La Junta de Andalucía adquirió por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 el suelo con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
El TSJA subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio" por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludió a la sentencia que dictó la misma sala en junio de 2012, en la que se revocaba el PORN que entró en vigor en 2008 al entender que había rebajado el nivel de protección con respecto a 1994 y que este podía "hacer factible la realización de nuevas edificaciones o rehabilitación de las ya existentes".
