Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 08/02/2010 17:55
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha emplazado al emirato de Bahréin a tomar medidas urgentes para terminar con la tortura y los maltratos a los que son sometidos los sospechosos durante los interrogatorios. A su vez, pidió que se investiguen todas las denuncias presentadas y se juzgue a los agentes de seguridad acusados de maltrato.
El informe 'La Vuelta de la Tortura: Resurgimiento de la Coacción durante los Interrogatorios en Bahréin', presentado hoy lunes, está basado en entrevistas con personas detenidas, archivos judiciales y partes médicos de agresiones. HRW concluye que desde finales de 2007 las autoridades han vuelto a recurrir a la tortura.
"La vuelta de la tortura es especialmente angustiosa porque Bahréin mostró hace una década su voluntad política de acabar con este mal", declaró el subdirector de la ONG para Oriente Próximo, Joe Stork.
Las manifestaciones de jóvenes chiíes --tendencia mayoritaria en el país-- para protestar por la discriminación que sufren por parte del Gobierno suní derivan cada vez más a menudo en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en arrestos.
HRW cita como prácticas de interrogatorio las descargas eléctricas, las agresiones y la suspensión en el aire de los detenidos en posturas dolorosas. Muchos detenidos aseguran igualmente que los efectivos de seguridad les amenazaron con asesinarles o violarles, a ellos o a familiares suyos.
La utilización de estas técnicas supone una violación de la legislación bahreiní y de la Convención contra la Tortura de la ONU, entre otros tratados internacionales.
Además de investigar estas acusaciones, Stork señaló que las autoridades deben también suspender inmediatamente de sus funciones a "cualquier agente de seguridad si existen pruebas creíbles sobre que ordenó, perpetró o consintió actos de tortura".
El Ministerio del Interior y la Oficina de la Fiscalía Pública se han apresurado a negar estas acusaciones y argumentan que los testimonios de los detenidos son falsos. La ONG afirma que esto es imposible y que los partes médicos y documentos judiciales confirman las versiones sobre malos tratos y tortura.