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MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y el Observatori DESC han difundido una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recordarle que el Ejecutivo tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos pese a la crisis económica.
El texto parte de la advertencia que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dirigió a los Estados miembros en 2009 y, según la cual, "ninguna crisis económica y financiera mundial disminuye la responsabilidad de las autoridades estatales y de la comunidad internacional en el respeto de los derechos humanos".
"El acceso a una vivienda digna, la posibilidad de gozar del máximo nivel de salud, así como de disponer de una educación de calidad son derechos humanos que España tiene la obligación de garantizar. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar cualquier medida a poner en marcha en respuesta a la actual crisis económica", ha señalado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Las tres organizaciones recuerdan al presidente del Gobierno que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), España se comprometió a usar "el maximo de los recursos de que disponga" en el cumplimiento progresivo y sin retrocesos para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Esto significa que "incluso en épocas de graves limitaciones de recursos económicos", debe "asegurar que se ha hecho todo lo posible para garantizar estos derechos", proteger especialmente a las personas vulnerables, evaluar el impacto de la reducción del gasto público sobre estos colectivos antes de su aplicación y "demostrar" que se ha realizado un "examen exahustivo de todas las alternativas posibles antes de adoptar medidas regresivas".
"Pedimos al Gobierno que explique ampliamente y de forma fácilmente entendible a la ciudadanía las medidas que va a proponer, y que además establezca mecanismos de participación. De esta manera, cumpliría con su obligación de respetar el derecho a participar en la vida pública, recabar y recibir información que tiene el conjunto de la ciudadanía", ha manifestado la directora de Observatori DESC, Vanesa Valiño.