Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 12/03/2010 09:40
Diversas organizaciones y colectivos civiles instaron este jueves al Gobierno de España, en calidad de presidente de turno de la Unión Europea (UE), a exigir a las autoridades colombianas plenas garantías de protección a los defensores de los Derechos Humanos en este país que, según denunciaron, son víctimas de la represión estatal.
"El derecho en Colombia es un privilegio para unos pero un desastre para la mayoría donde la impunidad se afirma como el más terrible de los mecanismo represivos en Colombia. Defender los Derechos Humanos en Colombia es un delito", dijo Santiago Mera, integrante de la organización colombiana Justicia y Paz.
El activista denunció la existencia de una campaña directa de amenazas de muerte, agresiones, intimidaciones y persecuciones violentas contra miembros de organizaciones humanitarias para que cesen su actividad en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Putumayo, todos ellos en el oeste del país.
"Dos compañeros que han trabajado en el Putumayo evidenciaron la existencia de 250 personas asesinadas en el hospital de Puerto Asís con médicos, enfermeras y funcionarios paramilitares. En diciembre llegaron a recibir en sus teléfonos celulares amenazas de muerte: 'o se van o tienen una tumba aquí', decía una de ellas", explicó.
Como parte de esta campaña, Mera subrayó el desprestigio mediático promovido desde el Gobierno de Álvaro Uribe para asociar a los defensores de Derechos Humanos a los grupos paramilitares del país y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y socavar el apoyo social que estas organizaciones humanitarias tienen entre el campesinado.
En este sentido, el activista señaló que muchos de los defensores asesinados son víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cuyas bajas son presentadas por el Ejército colombiano como guerrilleros caídos en combate, conocidas como 'falsos positivos'.
"Lo que se pretende con esto es ocultar la realidad de los criminales, quitarle el rostro a los verdaderos responsables de estos crímenes de lesa humanidad y que no se nombre a los 'paraempresarios' ni a los parapolíticos. Encubrir", enfatizó Mera.
Asimismo, el colombiano acusó a Uribe de ordenar al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --central de Inteligencia-- que realice labores de seguimiento, espionaje e interceptación de las telecomunicaciones contra las personas vinculadas a la defensa de los Derechos Humanos en el país latinoamericano.
"Tenemos conocimiento de que la abogada de una empresa que deforesta en la selva tropical, Joana Cabezas, suministraba toda la información a los estamentos de seguridad del Estado y del Gobierno colombiano", concluyó.