Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 27/03/2009 13:24
La Plataforma 'Salvemos la Hospitalidad' registró este mañana en el Congreso de los Diputados más de 6.000 firmas en contra del anteproyecto de ley del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería, que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de "criminalizar a personas y entidades acogedoras de extranjeros en situación irregular".
Esta plataforma, impulsora de un manifiesto al que ya se han adherido personalidades del mundo de la cultura, juristas, religiosos, expertos en Extranjería, ONG y particulares, pide la retirada del artículo 53 del borrador presentado por el Gobierno, que considera infracción grave (con una multa de 501 a 10.000 euros) promover la estancia irregular de un inmigrante, entendiendo que esto ocurre cuando el extranjero depende económicamente del infractor.
A las puertas del Congreso, el portavoz de la Plataforma 'Salvemos la Hospitalidad', el sacerdote José Luis Segovia, calificó de "auténtica barbaridad sancionar a personas o instituciones que dan cobertura a personas que se encuentran en España en situación de irregularidad", además de "quebrar el deber de cuidado y de comportarse fraternalmente recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
El manifiesto destaca que si se aprueba la ley en estos términos las "ONG, congregaciones religiosas y ciudadanos que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, verían perseguida su actuación".
Además, Segovia denunció que el borrador contempla que los inmigrantes en situación legal en España puedan ser expulsados de este país si acogen a extranjeros irregulares. "Es un atentado gravísimo contra deberes éticos fundamentales", aseveró.
Para los firmantes del manifiesto, el objetivo de la nueva norma "es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular (...) para que mediante la presión de una situación de precariedad absoluta, vuelva a su país".
Entre los firmantes se encuentra la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, la Conferencia Española de Religiosos, el profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas Julián Ríos, el magistrado Ramón Sáez, el sacerdote Javier Baeza (Parroquia San Carlos Borromeo) y el sacerdote jesuita Daniel Izuzquiza.