MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Estos días se han cumplido seis meses desde que Idrissa Diallo y Samba Martine fallecieron en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona y Madrid, respectivamente, y aún no se han depurado responsabilidades por estas muertes ni se han esclarecido las circunstancias que las rodearon.
Así lo han denunciado este jueves sesenta ONG, plataformas y asociaciones, para incidir en que tampoco se han implantado las recomendaciones del Defensor del Pueblo encaminadas a evitar nuevos sucesos de este tipo: crear un sistema de registro que permita dejar constancia de las solicitudes de asistencia médica de los internos y dotar a los centros de asistencia sanitaria permanente, entre otras medidas.
Idrissa Diallo fue trasladado desde Melilla al CIE de Zona Franca de Barcelona, donde murió el pasado 6 de enero, a las dos de la madrugada. Los testigos afirman que se quejó de fuertes dolores y de problemas respiratorios en repetidas ocasiones, aunque en un principio no recibió atención ni contó con un servicio de traducción para explicar su dolencia. Se solicitó asistencia médica, pero cuando llegaron los servicios de urgencia, ya sólo pudieron certificar su defunción.
Samba Martine, por su parte, acudió hasta 10 veces a los servicios sanitarios del CIE de Madrid y sólo una de ellas tuvo asistencia en la traducción, para terminar falleciendo el 19 de diciembre de 2011, a los 38 días de internamiento, sin haber sido diagnosticada y habiendo recibido sólo tratamiento sintomático, conforme explican las ONG.
"Samba, que dejó a una hija con 9 años, e Idrissa, de tan solo 21 años, tenían toda una vida por delante. Por ello seguimos exigiendo una profunda investigación de los hechos y la depuración de responsabilidades ante unos sucesos que no debieran volver a repetirse", señalan estas entidades.
En un comunicado, denuncian que "la deficiente atención médica en los CIE es generalizada" y aseguran que así lo han atestiguado tanto "numerosos testimonios" recogidos por las organizaciones que intervienen en este ámbito, como instituciones tales como el Defensor del Pueblo o el Parlamento Europeo".
Las ONG recuerdan que cuando el Estado priva de libertad a una persona, "adquiere respecto de ella una posición de garante que le obliga a velar por sus derechos fundamentales y muy especialmente por su vida y salud".
Asimismo, denuncian que el Anteproyecto de Reglamento de los CIE diseñado por el Ministerio del Interior y pendiente de aprobación, "lejos de desarrollar los mecanismos que garanticen los derechos de las personas internadas, consolida la falta de transparencia, la privación de derechos y las lamentables condiciones de encierro".
