Expertos de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) aseguran que la nueva Ley Orgánica de Extranjería, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, "sigue sin respetar derechos fundamentales de las personas" y lamentan que no se haya aprovechado la ocasión de elaborar una norma "capaz de responder a la actual realidad migratoria" de España.

   Entre los aspectos negativos, este organismo lamenta que se haya aprovechado la adecuación del texto legal a la jurisprudencia constitucional, respecto algunos derechos, para "cercenar" el contenido de otros, como es el "recorte" del derecho a la reagrupación familiar, al padrón o a la vivienda. "Se ha hecho una especie de balanza negativa, que siempre se inclina contra el otro, el extranjero", denuncia en un comunicado.

   Asimismo, los abogados indican que no se ha alcanzado la regulación "expresa" del derecho de los menores extranjeros no acompañados, a la asistencia letrada en los procesos que puedan llevar a su repatriación. También denuncian una "incorrecta interpretación" de las medidas de control de la inmigración irregular, porque a su juicio, se han incorporado nuevos supuestos sancionadores que "pueden percibirse como un paso más hacia la criminalización de las personas inmigrantes en situación irregular".

   Para los expertos, la ampliación hasta 60 días del internamiento es "excesivo" y "va más allá" de lo que se permite en casos de extradición penal por los tratados internacionales para personas delincuentes. No obstante, celebran que la ley contemple que no se pueda ampliar este plazo de internamiento, algo que "desgraciadamente" se barajó en la tramitación parlamentaria.

   Sobre la regulación del derecho relativo a la educación o el acceso a las becas, los miembros de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, indican que la nueva norma sigue incumpliendo el mandato del Tribunal Constitucional (TC), "discriminando a los extranjeros no residentes mayores de edad, obviando la vinculación entre educación e inclusión social".

   La limitación de la reagrupación familiar de los progenitores mayores de 65 años y el establecimiento del requisito de residencia de larga duración del reagrupante "no favorece --según los abogados-- el marco familiar en que debe producirse la integración social de los extranjeros" y señalan que, por otra parte, parece contravenir el tenor de la Directiva europea sobre el derecho a  la reagrupación.

   Sobre el cumplimiento del principio de proporcionalidad en los procedimientos sancionadores, el CGAE indica que debe tener su plasmación respecto de las cuantías y grados de las sanciones y de la elección de los procedimientos procedentes para aplicarlas, "aspecto éste último en el que la ley sigue dejando demasiado margen a la práctica habitual de los agentes policiales de optar de forma casi automática por el procedimiento preferente".

ALGUNAS MEJORAS

   Esta Subcomsión también celebra que en el trámite parlamentario de la reforma se han introducido algunas mejoras en su articulado como en la redacción del contenido de algunos derechos fundamentales, como los de asociación, sindicación, y huelga, que, a su juicio, "resultan más ajustados al mandato del TC".

   El derecho de la asistencia jurídica gratuita es para el CGAE otro de los aspectos positivos de la ley, junto a otros aspectos como la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo y los supuestos de modificación de las mismas, o el establecimiento de mecanismos de protección en las situaciones de violencia de género y a las víctimas de trata de personas.

   El reconocimiento de la capacidad de obrar de los menores no acompañados en los procesos de repatriación, el papel "integrador" de las Administraciones Públicas, la exigencia de motivación de los visados de estancia, o el acceso de las ONG a los centros de internamiento y la creación de un 'Juzgado de Vigilancia' de estos centros, concluyen el catálogo de los elementos positivos de la nueva Ley de Extranjería.