La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, eludió hoy en el Congreso de los Diputados pronunciarse sobre el caso de expulsión a Nigeria, el pasado 17 de marzo, de una mujer embarazada que era víctima de explotación sexual, según aseguró el diputado del PNV Joseba Aguirretxea.

   Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Aguirretxea preguntó a Aído, que "tenía conocimiento" de esta situación, si comparte los criterios que llevaron al Gobierno a deportar a esta mujer y si hizo "algo" para evitarlo. Según relató, esta mujer "fue captada bajo engaño tras ser asesinados sus padres por ser cristianos, enviada a España y obligada a ejercer la prostitución y a pagar una deuda contraída con su tratante de 20.000 dólares bajo amenaza de muerte".

   La mujer, agregó el diputado del PNV, se quedó embarazada porque estaba "obligada a mantener relaciones sexuales sin preservativo", pero se negó a abortar pese a las presiones de su proxeneta y acudió a una comisaría de policía a pedir asilo, momento en el que "se la detiene y se le traslada a un Centro de Internamiento de Extranjeros" para su posterior expulsión. Aguirretxea preguntó si se necesitaba algún dato más para ayudarla.

   La ministra evitó hablar de este caso concreto y aseguró que todas las decisiones que se adoptan en España en esta materia "se atienen a un procedimiento garantista y están sometidas a control judicial", y recalcó que existe "un total compromiso del Gobierno" de apoyar a las víctimas de trata y de perseguir a las redes mafiosas.

   Además, destacó que el Ejecutivo ha creado un fondo para la asistencia y recuperación integral de las víctimas y agregó que en la reforma del Código Penal se recogerá "el delito de trata diferenciado del delito de tráfico". "Hay un compromiso firme contra la trata de seres humanos y nuestro compromiso con las mujeres africanas viene certificado por nuestra trayectoria en la cooperación al desarrollo", apuntó.

   Aído también expresó su confianza en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes en 2009 actuaron contra 158 grupos criminales, detuvieron a más de 700 personas y atendieron a cerca de 1.300 mujeres. Aguirretxea se quejó de que la ministra le respondió "corporativamente" para defender las decisiones que había adoptado el Gobierno socialista.

   Días después de que diversas ONG denunciaran estos hechos, el Ministerio del Interior aseguró que la expulsión de esta mujer se produjo atendiendo a varias decisiones judiciales y negó que la chica fuera víctima de explotación sexual.