Foto: EUROPA PRESS
Presenta un informe en el que destaca "el efecto llamada" que se ha percibido en la ciudad desde septiembre de 2013 a febrero de 2014
BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que declarará este jueves ante la Fiscalía vasca por supuesta 'incitación al odio', ha asegurado que no ha pretendido provocar "discriminación ni odio racial", sino una "buena administración de los recursos públicos" y la lucha contra el fraude en el acceso a éstos mediante ayudas sociales.
El regidor de la capital alavesa realiza estas afirmaciones en un escrito que remitió al Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, antes de que éste le citara a declarar, después de que el representante del ministerio público le pidiera una explicación de las manifestaciones denuncias por SOS Racismo, en las que aseguró que los magrebíes "viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse". Además, calificó de "escandaloso" el caso de los ciudadanos de origen argelino y marroquí que residen en Vitoria.
Javier Maroto acompañó el texto que envió al fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, con un informe de los servicios de asuntos sociales del Ayuntamiento vitoriano sobre empadronamientos de los últimos años en la capital alavesa y atenciones realizadas. El estudio destaca que se ha detectado "un efecto llamada", sobre todo, entre septiembre de 2013 y febrero de 2014.
En este sentido, subraya que, en esos seis meses, fueron atendidas, por primera vez, 1.358 nuevas unidades convivenciales. El 55,7 por ciento corresponden a personas de nacionalidad española y el 44,3% de nacionalidad extranjera, sobre todo, de Marruecos y Nigeria.
Además, apunta que, de ellas, un total de 501 unidades convivenciales no habían estado empadronadas nunca o se habían empadronado en este periodo. Estas personas, según indica, habrían llegado a la ciudad sin apoyo social ni familiar, posiblemente "atraídas por la modificación de la Ordenanza municipal" en su artículo 13, referente al derecho a la alimentación básica.
El 70,5% de estas 501 unidades convivenciales tienen nacionalidad extranjera y, entre ellas, destaca la marroquí, según asegura el informe de los servicios sociales del Consistorio. Además, señala que, de este total, 276 (el 55,1%) no han estado nunca empadronadas y no les consta de dónde vienen, mientras que 167 (el 33,3%) procedían de otros municipios del Estado español.
El informe asegura que el denominado "efecto llamada" no tiene por qué estar ligado a los extranjeros, ya que durante el pasado año han sido atendidas 405 personas de nacionalidad española, provenientes de, en su mayoría, de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y de Burgos. También han venido de Madrid, Navarra, Barcelona o La Rioja, entre otras.
ALTAS EN EL PADRÓN
El estudio se refiere a la evolución de las altas en el padrón de diferentes colectivos de inmigrantes que, en general, se han reducido.
El 62% de las 3.786 personas de nacionalidad marroquí empadronadas en Vitoria llegó antes de 2010. Sin embargo, pese a ello, y "a diferencia de otras nacionalidades", en 2013 han aumentado los altas en el padrón de marroquíes tanto procedentes del extranjero como de otro municipio del Estado.
También han aumentado las altas de argelinos el año pasado, mientras que el 61,6% de las 1.915 personas procedentes de Argelia empadronadas en la capital alavesa llegó antes del 2010.
Asimismo, señala que, de las 1.145 personas de nacionalidad nigeriana empadronadas en Vitoria, la mayoría procede de otros municipios del Estado. En 2013 las altas procedentes de otros municipios han experimentado "un fuerte incremento".
Javier Maroto asegura que sus declaraciones, objeto de la denuncia de SOS Racismo, "se sustentaron" en estos datos en manos del Ayuntamiento de Vitoria. "En ningún caso estaba ni está en mi voluntad provocar a la discriminación y al odio racial, ya que mi único interés es el de una buena administración de los recursos públicos y la lucha contra el fraude a los mismos", ha añadido.
"INSUFICIENTE"
El Fiscal Superior del País Vasco, que abrió diligencias de investigación tras la denuncia de SOS Racismo Araba, ha considerado "insuficiente" la aportación realizada por Javier Maroto, y pretende conocer, mediante el testimonio del alcalde de Vitoria, cuál fue su intención al realizar las declaraciones sobre los inmigrantes y el fraude en las ayudas sociales.
Por su parte, SOS Racismo Araba aseguró que los datos aportados por Maroto no justifican sus acusaciones, ya que el estudio "no habla de fraude" en las ayudas sociales que reciben los magrebíes.
Tras conocer que el Fiscal le había citado a declarar, el regidor de la capital alavesa aseguró que este jueves no va a pedir perdón por sus palabras, al considerar que lo único que ha hecho es "decir bien claro lo que está pasando con las ayudas sociales".
Además, opina, tal como ha explicado en varias ocasiones, que los datos que hizo públicos el Gobierno vasco en respuesta a una iniciativa parlamentaria que él planteó, le da la razón sobre la existencia de "fraude" en la percepción en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
