MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha dado luz verde definitiva a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, tras la aprobación de las enmiendas introducidas en el Senado, una iniciativa que reforma una veintena de leyes tocando desde el sistema de adopción y acogimiento hasta las pensiones de orfandad, las condiciones de los centros para chicos con trastornos de conducta o el derecho de escucha en los procedimientos judiciales.
Durante todo el trámite parlamentario la ley ha contado con relativo consenso, que se ha escenificado en la votación de este jueves con más de una docena de enmiendas pactadas entre todos los grupos parlamentarios.
No obstante, el PSOE mantiene sus reticencias porque la ley dice que no puede conllevar incremento de gasto público, mientras que los nacionalistas acusan una invasión de competencias y en la Izquierda Plural dicen que la norma carece de ambición.
LISTA PARA ENTRAR EN VIGOR
La reforma de Infancia abarca tanto la ley ordinaria aprobada este jueves como la Ley Orgánica homónima que el Senado aprobó la semana pasada. Ambas serán publicadas simultáneamente en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor al cabo de veinte días.
No obstante, algunas de sus previsiones, como la creación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales, requerirán su propia reglamentación y otras, como la reforma de la Ley de Familias Numerosas que encomienda al Gobierno, llevarán más tiempo.
Para el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es en todo caso una buena noticia. Según ha destacado, la nueva legislación permitirá que un bebé en desamparo como el rescatado esta semana de un contenedor de basura en la localidad madrileña de Mejorada del Campo tenga una mejor solución de la que se le daría con la anterior, con "más trabas".
"Con esta nueva legislación va a tener más opciones de tener ya una familia desde el primer minuto, de no pasar por una fase de institucionalización, de tener un camino mucho mas rápido para tener una familia de adopción que con la legislación que teníamos antes, que introducía más trabas y esto es fruto de un trabajo de muchos años", ha señalado.
La directora general de Familia e Infancia de este ministerio, Salomé Adroher, ha destacado que se trata de "una ley ampliamente consensuada que toma como punto de partida una ley que hizo el gobierno anterior".
"Se ha trabajado con comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales y con universitarios e investigadores y en el trámite de enmiendas, un tercio de las presentadas han sido aceptadas o transaccionadas", ha señalado.
NOVEDADES EN ACOGIDA Y ADOPCIÓN
La reforma de Infancia y Adolescencia toca una veintena de leyes, no sólo el Código Civil y la de protección del menor, sino también la de Extranjería, la de Seguridad Social, la de Dependencia o la de Violencia de Género, para dar forma a todo el cuerpo normativo que afecta a los niños y adolescentes en España, en algunos casos creando nuevas medidas y en otros, aglutinando las que ya aplican las comunidades autónomas.
Es el caso del sistema de acogida y adopción. Se prioriza el acogimiento familiar para los menores de seis años de edad y se desjudicializa el proceso de modo que sea la administración la que decida dónde aloja al menor sin que el recurso de los padres biológicos le condene a permanecer en un centro, como viene ocurriendo.
Podrán recurrir la declaración de desamparo --que se define unificando criterios a nivel estatal y estableciendo que no podrá declararse en base exclusivamente a la pobreza o discapacidad de los padres del menor--, pero en tanto se dirime ese recurso, el niño estará en una familia de acogida y no en un centro.
Para estos establecimientos, como para los de menores con trastornos de conducta, la ley fija las condiciones mínimas y regula su funcionamiento, desde los requisitos de entrada y salida hasta las medidas disciplinarias que se pueden y no se pueden adoptar.
Conforme explicó Adroher en un encuentro con la prensa, esta parte de la normativa podrá comenzar a aplicarse al día siguiente de la entrada en vigor. Aunque no dispone de datos de menores de 3 años de edad, apunta que en la actualidad hay 13.500 niños y niñas bajo tutela de las administraciones públicas españolas que con la nueva ley podrán dejar el centro para vivir con familias de acogida.
Estas familias, por cierto, deberán ser evaluadas por las administraciones públicas para probar su idoneidad y podrán estar en una comunidad autónoma distinta, pues se creará un mecanismo interterritorial de acogida que permita a un gobierno autonómico recurrir a otro en caso de que no disponga en ese momento de núcleos familiares donde alojar a menores desamparados.
También se crea el sistema de adopción abierta para esos casos en que el menor quiere y puede seguir manteniendo relación con su familia biológica, se establecen criterios comunes para preparar para la adopción a padres que lo son de acogida, se regula el derecho de esos niños a conocer su origen y su pasado, y se crea un registro unificado de maltrato infantil al que podrán acceder los servicios sociales de todo el país.
MÁS PENSIÓN DE ORFANDAD
La reforma introduce cambios en violencia de género declarando a los hijos de las víctimas como sujetos de la protección que la ley brinda en la actualidad a sus madres, pero también en violencia doméstica: una reforma del sistema de pensiones que impedirá a las personas que maten a otro pariente cobrar la pensión que su muerte haya generado, sea cual sea.
Los hijos de un matrimonio en el que un cónyuge mate al otro podrán cobrar además, la pensión de orfandad completa, aunque el padre o madre homicida siga con vida, y ésta será de mayor cuantía, pues se le reconocerá el cien por cien de la base reguladora, y no un porcentaje sobre la misma, como hasta ahora.
Las nuevas leyes introducen otras novedades, como la prohibición expresa de que los condenados por delitos contra la integridad, la libertad o la indemnidad sexual de los menores de edad puedan trabajar en relación con niños y adolescentes. Para ello contempla la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, al que deberán acudir quienes deseen trabajar en contacto con niños para conseguir un certificado que demuestre que no tienen antecedentes por estos delitos.
