MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones de protección de la infancia aseguraron hoy que una reforma de la Ley Penal del Menor, que contemplaría la rebaja de la edad penal --establecida actualmente en los catorce años--, demuestra el "fracaso institucional" de los servicios sociales para la prevención, educación y protección de los menores.
Así lo señaló el portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, que consideró que cada vez que ocurre un caso de agresión sexual, como los cometidas en Huelva y Córdoba por varios menores contra dos niñas, "se multiplica el disparadero de emociones", acompañadas de propuestas como la rebaja de la edad penal, que, a su juicio, "demuestran una vez más la dejadez institucional mayúscula en la protección de la infancia".
"Una sociedad que recurre sistemáticamente a una mayor punición y castigo es una sociedad que está reconociendo y demostrando su fracaso", apuntó Calvo para añadir que el régimen sancionador debe ir acompañado de reeducación, puesto que "la principal causa de que los niños entren en dinámicas delictivas es la pérdida de valores".
Desde la Federación para la Promoción de la Infancia y la Juventud (INJUCAM), su presidente, José Ramón García Albertos, indicó que, si bien la educación y formación de los menores requiere "mucho más tiempo y trabajo" para las instituciones que la reforma de la legislación, es, sin embargo, "mucho más efectiva".
García Albertos apeló, además, a la revisión las conductas que imperan en la sociedad en las que se fijan los menores, y no plantear mecanismo punitivos 'a priori' partiendo de hechos "tan dramáticos" como los ocurridos esta semana. "Hay que entender el dolor de las víctimas y sus familias, pero también hay que analizar a la sociedad en su conjunto", apostilló.
Según explicó, existen "lagunas" como la falta de una educación no formal o reglada que acompañe al menor en su desarrollo vital. Por último, indicó que si bien "no hay una receta mágica", la reflexión y el trabajo para evitar este tipo de agresiones violentas debe ser "multidisciplinar". "Los padres tienen que tener la capacidad de resolver los conflictos y la Administración deberían abanderar las líneas de actuación", concluyó.
