Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, formadas por vecinos de diferentes barrios de Madrid, han contabilizado un total de 250 redadas ilegales a inmigrantes durante un año y califican como "vergonzoso" el "silencio del ministerio de Interior", desde el que se asegura que estos hechos no existen.
"Salimos a la calle, al azar y sin contar con información privilegiada, en grupos de cinco o seis personas y encontramos controles en un 40 por ciento de las ocasiones. Así se han contabilizado y documentado 250 controles en sólo un año", ha concretado la portavoz de este movimiento, Malena Becerra.
En una rueda de prensa, que ha tenido lugar en la sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Becerra ha criticado el "acoso" al que se ven sometidos los defensores de los derechos humanos "por el simple hecho de estar observando y documentando los controles de identidad por perfil racial que realiza la policía nacional en espacios públicos".
En este sentido, ha señalado que la policía les ha abierto trece expedientes durante varios procesos de identificación que tuvieron lugar en los pasados meses de diciembre, febrero y mayo. El último de ellos tuvo lugar en la plaza de Oporto (Madrid) cuando agentes vestidos de civil les exigieron la filiación y les entregaron unos boletines de denuncia "redactados de antemano" a efectos de abrir nuevos expedientes sancionadores "con la acusación de obstrucción policial".
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos consideran que "desde Delegación de Gobierno se está impidiendo el legítimo ejercicio del derecho a velar por la observación y respeto de los derechos humanos" y denuncian que la práctica policial de identificaciones por el aspecto físico aplica una "innegable selección racial, prohibida por Ley", y que da lugar, a su vez, a "detenciones preventivas también ilegales".
REUNIÓN CON LA FISCALÍA DE LA CAM
Por ello, Becerra ha señalado que este jueves también se van a reunir con la Fiscalía de la Comunidad de Madrid exigiendo "que se ponga fin a la práctica ilegal de los controles de identidad por perfil racial y que cese el acoso a los defensores de los derechos humanos", mediante una denuncia respaldada por más de setenta asociaciones y colectivos sociales.
Por su parte, la representante de la asociación de juristas Inmigrapenal Margarita Martínez ha criticado al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como "responsable directo" del cuerpo policial, por "haber profundizado en la crisis de los derechos humanos en este país".
Por último, Becerra ha puntualizado que los controles se dan en diferentes zonas de Madrid de forma continua, y "no sólo en barrios con gran afluencia de inmigrantes como se suele pensar", mientras que la portavoz de Inmigrapenal ha concluido que "ya se están buscando vías jurídicas para llevar a los tribunales este tipo de prácticas".