MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino del Congreso ha sacado adelante una proposición no de ley presentada por CiU por la que se insta al Gobierno a que las etiquetas de productos elaborados indiquen la emisión de CO2 asociado, para conocer su impacto medioambiental.
Mediante una enmienda transaccional, pactada entre los nacionalistas catalanes y el PSOE, que finalmente ha sido refrendada en la votación por todas las formaciones, se pide al Gobierno que colabore, en el seno de la UE, en el establecimiento de criterios homogéneos para la medición del impacto ambiental de los productos, en cuanto a aspectos sostenibles como la huella del CO2, el reciclaje o la utilización de energías renovables.
Además, plantean al Ejecutivo una cooperación con las comunidades autónomas para que se fomente el desarrollo armonizado de iniciativas destinadas a lograr una información adecuada a los consumidores, en relación con aspectos de sostenibilidad y reducción de emisiones, vinculados a los alimentos.
En otros países europeos como en Gran Bretaña, Francia, Suiza o Finlandia ya se incluye en algunos productos este tipo de información, según indica CiU.
REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2
Por otro lado, todos los grupos políticos han refrendado en la misma Comisión parlamentaria una enmienda transaccional pactada por CiU, PP y PSOE a una proposición no de Ley de los socialsitas, en la que se solicita al Gobierno la elaboración y puesta en marcha, en colaboración con las comunidades autónomas, del Plan Nacional de Calidad del Aire, que incluya protocolos de actuación, mecanismos de colaboración entre las administraciones, así como medidas concretas para mejorar y reducir la contaminación atmosférica.
Igualmente, propone el establecimiento de un intercambio de información entre las distintas redes de calidad del aire, asegurando la compatibilidad de las mediciones, y sin perjuicio del asentamiento de medidas de control adicional de protección por parte de las administraciones competentes.
Es más, quieren que el Ejecutivo dote al Instituto de Salud Carlos III, adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, de los recursos necesarios para desarrollar correctamente las actuaciones legalmente asignadas.
En esta línea, demanda facilitar el apoyo y la colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones locales en la gestión de la calidad del aire, mediante investigaciones, estudios, modelización, garantía de calidad de las redes, elaboración de estadísticas, y especialmente en aquellos aspectos cuya competencia ostenta el Estado y resultan importantes para mejorar la calidad del aire de las ciudades españolas.
Así, cita como ejemplo a la contaminación generada por barcos, cuando están atracados en los puertos con los motores encendidos para suministrar electricidad.
