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MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se modifica la actual Ley de Responsabilidad Ambiental y que, entre otras novedades, amplía el concepto de daño ambiental a las aguas para asegurar que se aplique también a las aguas marinas, según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
La normativa, elaborada a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, refuerza los aspectos preventivos de la norma y garantiza la obligación de prevenir, evitar y reparar las amenazas y los daños ambientales, bajo el principio de "quién contamina, paga" por lo que "establece una garantía financiera para hacer frente a la responsabilidad ambiental", según ha detallado Saénz de Santamaría.
Por ello, entre otras novedades, ha explicado que se amplía el concepto de daño medioambiental "de manera que también se incluyen las aguas marinas", es decir, "se modifica el concepto de daños en las aguas para que también lo sean aquellas que han sido reguladas en la directiva sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro", según recoge la Directiva 2013/30/UE.
Además, se simplifican los procedimientos para hacer frente a la garantía financiera --mecanismo que permite hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar-- y se ajusta al potencial riesgo de las empresas "que puedan incurrir" en este tipo de conductas. También se da una mayor participación a gestores privados en la gestión del riesgo medioambiental que comportan sus actividades.
En la misma línea, se refuerzan los aspectos preventivos del marco normativo mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental y mejora; y propone reducir las cargas administrativas a los operadores económicos, así como dotar de una mayor eficacia a las administraciones mediante la simplificación del procedimiento de constitución de la garantía financiera.
Esta normativa, que fue sometida el año pasado a participación pública a través de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido también analizada con las comunidades autónomas en la Comisión Sectorial y en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y con el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el organismo asesor del Gobierno en esta materia.
