Asegura que el Gobierno está "en la fase final" de elaboración del nuevo plan estatal de Derechos Humanos
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha encabezado este miércoles la delegación española en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, defendiendo ante 97 países la política social del Gobierno en áreas como la discapacidad, la infancia o la violencia de género y su gestión de las migraciones y el derecho de asilo.
El EPU es un control periódico que realiza la ONU para velar por el cumplimiento en los distintos Estados de los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos. España, que se sometió a la prueba por primera vez en 2010, recibirá este viernes un informe con las conclusiones de su segunda evaluación y las recomendaciones que debe poner en marcha al respecto, que redactarán Sierra Leona, Reino Unido y Macedonia.
Un total de 97 países han tomado la palabra y se han interesado por asuntos muy diversos, como la igualdad de género, las expulsiones sumarias de inmigrantes, las libertades en relación con el proyecto de ley de seguridad ciudadana, la protección de la infancia en situación de pobreza, los límites de la detención incomunicada que prevé el Código Penal o los derechos de las personas con discapacidad. La delegación española ha contestado por bloques en tres turnos de palabra.
Escoltado por representantes de los ministerios de Presidencia, Sanidad, Interior, Justicia, Educación, Economía y Hacienda, Ybáñez abría la sesión a las nueve de la mañana con un discurso estructurado en torno a las recomendaciones que recibió el Estado en 2010 con el que ha dado respuesta además a algunas de las preguntas que otros países habían formulado por escrito y en el que ha ofrecido detalles sobre novedades en protección de Derechos Humanos en este periodo.
El delegado de España ha hecho especial mención en su introducción a las consecuencias de las políticas de austeridad adoptadas al hilo de la crisis económica, tras las preocupaciones expresadas por distintos países y las recomendaciones en particular, del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alertó del impacto de los recortes en la población vulnerable.
"Tenemos en cuenta los criterios establecidos por el Comité sobre la necesidad de que las medidas de ajuste sean en todo caso proporcionales, no regresivas, no discriminatorias, temporales y necesarias. Esto se ha cumplido cabalmente en España y el efecto positivo de las medidas adoptadas nos permiten vislumbrar un futuro más esperanzador que nos va a permitir dar un impulso a muchas de las políticas activas que se habían desarrollado en el pasado", ha asegurado.
DERECHOS DE LOS MIGRANTES
No obstante, uno de los temas que más atención había suscitado entre los 97 países participantes en esta sesión del EPU es la gestión de las migraciones y el asilo, especialmente tras conocerse la legalización prevista en España de la devolución de inmigrantes a pie de valla en Ceuta y Melilla. Ybáñez, tras justificar la medida por la "extrema presión migratoria" en los enclaves, ha defendido que, en todo caso, se hará "en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución".
También en el área de migraciones ha tenido que responder a la restricción de la asistencia sanitaria para personas en situación irregular. Tras un apunte en su primera intervención, ha cedido en la réplica la palabra al secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien ha defendido que la cobertura en este sentido es de las "mayores de toda" la Unión Europea, algo que, según ha dicho, ha sido "reconocido internacionalmente".
Preguntado por distintos países, ha respondido asimismo sobre la situación de los Menores Extranjeros no Acompañados que llegan al territorio español, para incidir en que "prevalece el interés superior del menor" y que tras la aprobación de un protocolo en junio del año pasado, se ha coordinado la actuación de las administraciones en "localización, identificación, determinación de la edad y protección". "En España se considera siempre la regularización de los menores tutelados", ha sentenciado.
También en materia de infancia y junto al repaso de las medidas legislativas emprendidas "para proteger sus derechos", se ha referido a la pobreza. "Los índices de pobreza infantil siempre fueron comparativamente altos en España, pero la disminución de ingresos por la crisis y el desempleo en las familias han supuesto un castigo al que el Gobierno está intentando hacer frente", ha señalado. Ha mencionado en este sentido, la reforma fiscal, la reforma laboral y otras medidas como la modificación de la ley hipotecaria frente a los desahucios.
EN "LA FASE FINAL" DEL PLAN DE DERECHOS HUMANOS
Otra de las recomendaciones de 2010 que suscitaban interés en este nuevo EPU eran las políticas de lucha contra la discriminación. El delegado español ha destacado "las mejoras de carácter institucional introducidas" desde entonces, como la creación de servicios especializados en todas las fiscalías provinciales, la elaboración de una estrategia estatal o la próxima puesta en marcha de un "mapa de la discriminación" que aporte más luz sobre la prevalencia de estos delitos.
Asimismo, se ha referido al Plan Nacional de Derechos Humanos, que venció en 2012 y que aún no se ha renovado, para asegurar que "tras un amplio periodo e intensas consultas es intención del Gobierno adoptar un nuevo plan no vinculado a ninguna legislatura, sino con horizonte temporal más amplio y que ponga de manifiesto que el compromiso no depende de cambios de gobierno". "Este proceso está en curso (...) Estamos en la fase final", ha afirmado.
AVANCES EN LUCHA CONTRA LA TRATA
También está en proceso, según ha dicho, la renovación del Plan Estratégico de lucha contra la Trata, aunque mientras se ultima, se han emprendido "cambios en el ámbito normativo" entre los que ha llamado la atención sobre la reforma en curso del Código Penal que tipifica este delito con independencia del tráfico de inmigrantes y "revisa la tipificación de la explotación sexual y la prostitución forzada" haciendo "énfasis en las víctimas más vulnerables".
De este aspecto ha destacado además la creación de la figura del Ponente Nacional contra la Trata para coordinar esfuerzos desde el Ministerio del Interior y que "se han reforzado los mecanismos de detección" de víctimas en centros de migraciones, así como se han destinado "entre cuatro y cinco millones de euros anuales en subvenciones a las ONG" que trabajan con las mujeres explotadas.
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO
La delegación española ha dedicado especial atención a exponer los avances en materia de lucha contra la violencia de género y ha repasado desde el avance que supuso la Ley Integral de 2004 hasta el Plan Estratégico al respecto aprobado esta legislatura, pasando por los esfuerzos por mejorar un sistema estadístico que es "vanguardista y modélico" y especializar a todos los operadores que intervienen.
Sobre igualdad, asunto que había suscitado el interés de diversos países, ha explicado el Plan Estratégico con horizonte 2014/2016 y otras medidas como la reforma laboral que a su juicio, incentivan la incorporación de la mujer al empleo. "Es un camino largo en el que queda mucho por hacer pero en el que se han producido muchos avances", ha señalado.
En materia de los derechos de personas con discapacidad, ha reconocido los retos pendientes aún en "integración sociolaboral, no discriminación o educación inclusiva" aunque ha destacado el Plan de Acción adoptado en 2014 en este ámbito y ha destacado que se apuesta por "la normalización de la inclusión garantizando la escolarización" en igualdad de condiciones.
El secretario de Estado ha tocado otros asuntos, como la detención incomunicada que prevé la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para "aclarar" que será "excepcional" para terrorismo y sólo con orden y control judicial. Sin embargo, han quedado cuestiones sin respuesta, como las posibles restricciones de derechos fundamentales en que podría incurrir la Ley de Seguridad Ciudadana por las que se habían interesado países como Suecia.
