MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) va a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que aclare si el Gobierno pretende cargar a los consumidores, a través de la factura del gas, el pago de los 1.400 millones de euros que el Estado debe pagar a Escal UGS por la paralización del proyecto Castor.
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha explicado este lunes que su grupo parlamentario quiere que el ministro "clarifique" la fórmula que se va a utilizar para devolver el dinero que reclama Escal UGS --participada por ACS y CLP-- por haber tenido que renunciar al proyecto.
El pasado mes de junio, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ya señaló que el Ministerio diseñaría la reforma del sistema gasista a partir de un escenario de costes en el que se incluyese el relacionado con el proyecto Castor. La actividad de llenado de gas en este almacenamiento frente a las costas de Castellón y Tarragona quedó suspendida el año pasado por los movimientos sísmicos que se produjeron en la zona.
Lara ha denunciado en rueda de prensa que "parece que se quiere hacer una carga al conjunto de los ciudadanos en favor de una empresa determinada". Según ha indicado el responsable federal de Políticas Energéticas, Adolfo Barrena, IU prevé que el Gobierno va a llevar de manera "inmediata" al Consejo de Ministros una fórmula para abonar los 1.400 millones de euros antes de final de año.
Esa fórmula implicará, según el partido de Cayo Lara, que serán los consumidores de gas los que acaben pagando esa cantidad por la paralización de "un proyecto que nunca se debió permitir". "Es hora de que nos digan cómo lo van a pagar y quién", ha afirmado Barrena, que ha advertido de que IU se opondrá con firmeza si se confirman sus sospechas porque la forma de resolver esta cuestión "jamás tiene que ser a costa de los ciudadanos".
En este contexto, Barrena ha criticado el modelo energético del Gobierno del PP, indicando que, en el sector del gas, "se deja a las multinacionales que gestionen, se les garantiza el negocio y, cuando el negocio no funciona, se las indemniza".
Por eso, ha pedido al Ejecutivo que empiece a "anteponer el interés general al de las multinacionales", teniendo en cuenta los riesgos medioambientales y no "haciendo pagar a los consumidores los desastres de sus políticas".
