MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) está estudiando fórmulas de apoyo para asistir a las comunidades autónomas en la clausura de vertederos en España, según han indicado a Europa Press fuentes del departamento, que señalan que se trata de una competencia que pertenece a las autonomías.
El MAGRAMA responde así al ultimátum lanzado por la Comisión Europea (CE) al país este jueves para el cierre de 63 vertederos incontrolados que, aunque ya no operan, todavía están a la espera de su clausura, sellado y restauración, lo que vulnera la directiva sobre residuos de la UE.
Según el MAGRAMA, durante los últimos 15 años las administraciones españolas competentes en la materia han invertido "grandes esfuerzos" para que los vertederos se ajusten a la legislación comunitaria vigente o, en caso contrario, sean cerrados "definitivamente".
En este sentido, las mismas fuentes explican que el pasado julio, se hizo llegar un informe al organismo europeo en el que se presentaba una radiografía actualizada de los vertederos "ya inactivos, pero pendientes de una clausura adecuada y completa". También fue remitido un calendario que detallaba las actuaciones de acondicionamiento previstas y su relación con unas capacidades presupuestarias en descenso por la crisis económica.
Asimismo, señalan que la CE ha convenido el envío a España de un Dictamen Motivado Complementario referido al procedimiento de 2006 sobre infracción por vertidos ilegales. El documento, que todavía no han recibido las autoridades españolas, les permitirá conocer el plazo del que disponen para contestarlo.
El Ejecutivo comunitario ya envió a España en marzo de 2007 una primera carta de emplazamiento sobre esta cuestión, que supone la apertura de un expediente, y un primer dictamen motivado en octubre de 2008.
Las autoridades españolas se habían comprometido a completar el trabajo de clausura de vertederos incontrolados para finales de 2011, pero ahora lo han aplazado hasta 2016. Este retraso es el que ha llevado a Bruselas a avanzar en el procedimiento sancionador contra España.
