MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha asegurado que ve "más adecuado" modificar la Ley de Tasas para las víctimas de maltrato en vez de aprobar una nueva ley para evitar a este colectivo "más requisitos burocráticos", en alusión a la revisión de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
"Hubiera sido más adecuado modificar la ley de tasas en este punto porque introducirla en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita significa introducir más requisitos burocráticos para las mujeres que tendrán que solicitar los impresos, rellenarlos, aportar datos y obtener la declaración final para la asistencia gratuita", ha señalado Montalbán en declaraciones a Europa Press.
En cualquier caso, Montalbán ha indicado que "habrá que esperar al texto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para ver en qué términos queda" y ha mostrado su confianza en que "se tramite con celeridad y efectivamente abarque a estos colectivos que quedan desamparados".
Además, ha explicado que los cambios introducidos en la Ley de Tasas reflejan que, "en el fondo, hubo apresuramiento en aprobar una ley sin someterla a un debate previo, sosegado y necesario". "Sólo se pueden tener buenas leyes si hay un proceso de producción sosegado y tranquilo, donde se analicen los diversos aspectos e impactos que puedan tener", ha precisado.
La Ley de Tasas está en vigor desde el 21 de noviembre y, en principio, las tasas son exigibles para aquellas víctimas de violencia machista que inician proceso de separación o divorcio donde no haya cuestión relativa a hijos o pensión alimenticia y no haya derecho a asistencia jurídica gratuita, según ha recordado la presidenta del Observatorio.
La nueva Ley de Justicia Gratuita permitirá que las víctimas del terrorismo, las víctimas de violencia de género, de trata de seres humanos, los menores maltratados o las personas con discapacidad queden exentas del pago de las tasas y del coste de abogado y procurador.
