MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso por la que insta al Gobierno a modificar la actual Ley de Extranjería para que los inversores extranjeros no tengan trabas a la hora de invertir en España porque, según explica, se encuentran con "enormes dificultades" a la hora de trasladar a sus empleados para que trabajen durante un periodo limitado.
Así, los 'populares' han presentado una proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad, en la que piden al Ejecutivo el desarrollo de normas que faciliten la concesión de estancias y residencias en España a inversores extranjeros.
Estos permisos, cuya duración no deberá superar un año, serían concedidos a representantes legales de sociedades extranjeras para el análisis o prospección de posibles inversiones en España, que tengan por objeto la adquisición de bienes o servicios producidos en España.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge también que la concesión de esa residencia temporal requerirá la presentación de un proyecto de inversión que deberá ser informando por la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad.
UN RETRASO EN LA INTERNACIONALIZACIÓN
Según explica el PP, la Ley española de Extranjería no distingue entre la movilidad laboral internacional del personal de las empresas e inversores extranjeros necesaria para la gestión de sus actividades empresariales en España, y las peticiones de los inmigrantes extranjeros que buscan un trabajo en el país huyendo de la penuria económica de sus respectivos países.
De hecho, señala que al aplicar esta legislación a los profesionales en situación de 'movilidad laboral internacional', es decir, aquellos que trabajan en las filiales de las compañías españolas en su país y son destinados a España para una estancia limitada en el tiempo, esta misma amplitud de plazos produce retrasos en su proceso de incorporación, en momentos donde a menudo la rapidez y la agilidad son vitales para mantener la competitividad de las empresas.
Este tipo de inmigración, que constituye la denominada 'inmigración para el empleo', está recogida en el ordenamiento jurídico español dentro de una legislación que establece amplios plazos de tramitación, según indica el PP.
El objeto de estos, según añade, es facilitar a los organismos correspondientes el tiempo necesario para realizar una efectiva armonización del ingreso de inmigrantes, con las necesidades de empleo del mercado nacional, para garantizar, cuando el acceso a un empleo es posible, que se respeten los derechos constitucionales de los inmigrantes que se incorporan a un puesto de trabajo en España, en busca de una vida mejor.
Según explica, la competencia por ampliar mercados y la especialización dentro del marco de la división internacional del trabajo ha dado lugar a una oferta más amplia de bienes y servicios, a la vez que ha incrementado la velocidad de los procesos de internacionalización de las empresas en todo el mundo, lo que exige al tejido productivo nacional un gran esfuerzo para no quedarse atrás.
"ESPAÑA ESTÁ EN DESVENTAJA"
Es más, avisa de que, no sólo la competitividad entre empresas, sino también entre países, España se encuentra "en desventaja" con otros países desarrollados de la OCDE, donde existe una regulación específica para la concesión de permisos de residencia tanto a los representantes de los inversores en la fase de prospección, como en la fase posterior a la inversión misma.
A juicio del PP, el proceso de internacionalización de la economía española sufre un "retraso considerable" debido a la existencia de un pasado proteccionista, que ha retrasado la preparación de profesionales cualificados con perfil internacional que puedan abordar con éxito el proceso de implantación y consolidación de las empresas españolas en el exterior.
