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El PPdeG reclama que la modificación de la Ley de Costas "reconozca" los núcleos tradicionales marineros

Fotos De Sestayo Rego Y Roman
Foto: EUROPA PRESS/REMITIDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los populares gallegos reclamarán a través de una iniciativa parlamentaria que las posibles modificaciones de la Ley de Costas "reconozcan" los núcleos tradicionales marineros de la Comunidad para legalizar la situación en la que se encuentran, entre otras, zonas de Marín, Vilaboa y Moaña, en Pontevedra.

   En rueda de prensa, el viceportavoz y responsable de asuntos de urbanismo del Grupo Popular, Román Rodríguez, ha anunciado esta proposición no de ley y ha insistido en que hay que aprovechar eventuales cambios normativos, a los que parece favorable el ministro Miguel Arias Cañete, para reconocer estos núcleos singulares.

   Además de este reconocimiento, en busca de "seguridad jurídica" para los ciudadanos, Román Rodríguez ha explicado que esta iniciativa buscará también la protección de aquellos "que actuaron de buena fe, es decir, con licencia de obra", de forma que, cuando la administración se haga cargo de los terrenos que ocupan el litoral asuma también las "cargas hipotecarias" que puedan tener.

   Por otra parte, preguntado por si esta modificación podría aprovecharse para legalizar otros núcleos con problemas urbanísticos, como en el caso de San Vicente do Mar, en O Grove (Pontevedra), ha replicado que dependerá de cada situación, puesto que los problemas de algunos núcleos tienen que ver "con el planeamiento general".

   Con esta propuesta, el PPdeG aspira a contribuir a la solución que afecta a varios núcleos singulares de la Comunidad. Y es que, aunque el PP está de acuerdo con la "filosofía" de la Ley de Costas, Rodríguez ha admitido que hay "disfunciones" en su aplicación que han generado "perjuicios" en determinadas zonas del litoral gallego.


 

respecto a la represión de azerbaiyán

AI denuncia el "silencio mortal" de los organizadores de Eurovisión


Amnistía Internacional (AI) ha advertido este viernes de que la negativa de la European Broadcasting Union (EBU), la entidad organizadora del festival de Eurovisión, a condenar los abusos contra los Derechos Humanos cometidos en Azerbaiyán supone un "silencio mortal" que otorga "carta blanca al Gobierno de ese país para continuar con la represión".Ampliar

 

 

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