MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha preguntado al Gobierno las causas por las que el Ministerio de Justicia ha fundamentado su resolución para decidir no indemnizar a la víctima de violencia de género Ángeles González Carreño por el asesinato de su hija en 2003 a manos de su exmarido, en una de las visitas pautadas en el régimen de separación, a pesar de las 50 denuncias por violencia de género que había presentado.
Así, la socialista ha formulado una pregunta al Gobierno tras esta resolución del ministerio de Justicia "si de verdad piensa que no existe causalidad entre el hecho de que se quitasen las visitas vigiladas y el asesinato de la hija menor de Ángeles González".
"Es evidente y manifiesto que existe una clara relación entre la imposición del régimen de vistas no vigilado y ciertos casos de asesinato de menores", defiende Álvarez, al mismo tiempo que considera que la posición del Gobierno del PP "ha sido un mensaje demoledor para las víctimas de violencia y las madres que buscan ayuda en la justicia, un mensaje de abandono y desprotección para sus hijos".
DESOYE A LA ONU
A su juicio, desatender las recomendaciones emitidas en el informe de la ONU es un mensaje de desánimo para las miles de víctimas que luchan por salir de la violencia y dar proyección y seguridad a sus hijos. Por ello, reclama que el sistema de justicia tome conciencia de que el interés del menor esta por encima de otros cuestionamientos.
Según apunta la portavoz socialista, "la resolución del ministerio se sirve de un dictamen que en realidad cuestiona el sistema procedimental y no el fondo de la cuestión". En su opinión, sería conveniente que el Gobierno "desde el papel pedagógico de sus decisiones políticas ayudase a dar apoyo y seguridad a los menores hijos de víctimas de violencia de género".
Álvarez señala que Justicia podía haberse acogido al párrafo octavo del informe que "le anima a dar la debida consideración a las opiniones del Comité de la ONU a pesar de que este no tenga carácter vinculante".
Igualmente, precisa que el informe de la ONU pone de manifiesto una "sistemática de errores que tuvo consecuencias fatales". Según cree, el Gobierno debería haber optado por sacar conclusiones "del cúmulo de errores que llevaron a la muerte de la hija de Ángeles González y, sin embargo, ha eludido hasta ser empático con las víctimas".
"En todo caso no es sorprendente. Hemos estado toda la legislatura viendo a un Gobierno que disocia lo que dice y lo que hace, que alardea de estar interesado en proteger a los menores pero ha rechazado todas las medidas de protección y reparación para los hijos de las víctimas que ha propuesto el PSOE", denuncia la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso.
EL CASO DE ÁNGELES GONZÁLEZ
Ángeles González sufría violencia de género y huyó de su domicilio llevando consigo a su hija Andrea. A pesar de ello, la situación de violencia se mantuvo y durante años y Ángeles buscó protección para ella y su hija ante las autoridades, solicitando, entre otras medidas, que el régimen de visitas de su hija con el maltratador fuera vigilado.
A pesar de las más de 30 denuncias presentadas, los tribunales permitieron que el régimen de visitas de la niña con el agresor fuera sin vigilancia. Así, Andrea fue asesinada por el maltratador en el año 2004, cuando tenía siete años, durante una de las visitas.
En septiembre de 2012 Women's Link presentó el caso Ángeles ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) de la ONU, denunciando la violación del Estado de sus obligaciones.
En julio de 2014, el Comité determinó que hubo responsabilidad de las autoridades en la muerte de Andrea, derivada de su actuación negligente y, en su dictamen, señala entre otros puntos la necesidad de que se tomen en cuenta los antecedentes de violencia de género en los procedimientos de determinación de la custodia y del régimen de visitas de los niños, para que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia, incluidos sus hijos e hijas.
Además, afirma que los estereotipos afectan el derecho de las mujeres a un proceso judicial imparcial y que las autoridades españolas aplicaron nociones estereotipadas acerca de la naturaleza y la gravedad de la violencia de género, así como de los derechos de visita de los padres maltratadores con sus hijos.
Precisamente, en septiembre de 2014, La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno a otorgar una indemnización integral y una reparación adecuada y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos a la víctima de violencia de género Ángeles González Carreño.
