MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha planteado en el Congreso la creación de un grupo de trabajo, con representantes de los grupos parlamentarios y la participación de organizaciones sociales, para realizar una evaluación del desarrollo e implantación de la Ley de Dependencia, con el objetivo de alcanzar un "amplio acuerdo" para garantizar la sostenibilidad y la financiación del sistema.
Así, la portavoz socialista de Asuntos Sociales, Rosa Aguilar, firmante de la iniciativa, denuncia que el Gobierno ha llevado a cabo un "desmantelamiento de la Ley de Dependencia", al mismo tiempo que rechaza que sus políticas de recortes han llevado a una situación en la que es necesario reformular el sistema.
"Es necesario salvar la Ley de Dependencia y garantizar los derechos de los dependientes, desde el diálogo y con un acuerdo de financiación adecuada", ha insistido, la parlamentaria andaluza, para lo que ha presentado una proposición no de ley en el Congreso.
A su juicio, hay que garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia, así como realizar una evaluación sobre la Ley, las modificaciones llevadas a cabo, su aplicación, sus resultados, y analizar qué medidas son necesarias para mantener y garantizar la sostenibilidad del sistema que, según defiende, genera empleo, tiene un importante retorno en la creación de puestos de trabajo, especialmente para las mujeres.
Rosa Aguilar recuerda que el PP "paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicios; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones.
Asimismo, sostiene que los 'populares' suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones".
En su opinión, se ha producido "un gran retroceso en la financiación estatal del sistema", ya que "de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013", mientras que la aportación de las comunidades autónomas "ha crecido del 50,8 al 62%" y "el copago de los usuarios casi se ha duplicado".
