MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE insta al Gobierno en el Congreso a elaborar un protocolo en los CIE donde se establezcan los procedimientos de identificación de las víctimas de trata, al mismo tiempo que quiere que se formen específicamente a los profesionales que prestan sus servicios en los CIE, que conozcan los procedimiento y criterios para determinar la condición de persona víctima de trata.
Se trata de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ha sido elaborada por la diputada del PSOE, Ángeles Álvarez, para su debate en la Comisión de Interior de la Cámara Baja.
En su argumentación, la socialista hace uso del estudio académico 'Mujeres en el CIE', que alerta de la "presencia de mujeres relacionadas con la realidad de la prostitución más elevada de lo que cabría esperar" e indica que no es difícil encontrar en estos centros mujeres víctimas de trata, según cuenta Ángeles Álvarez.
En las informaciones recogidas llama la atención sobre lo que las autoras han considerado "un hallazgo sobrevenido a la investigación" y pone en evidencia que en el CIE de Aluche exista, en el momento de la investigación, un número de mujeres relacionadas con la prostitución "mucho más elevado que el que cabría esperar".
Además, apunta a la coincidencia de que los datos oficiales proporcionados por la Dirección General de a Policía sobre los países de origen de la mayoría de las mujeres ingresadas en el CIE de Aluche (Nigeria, Paraguay y Brasil) coincidan con los que señala el informe 'España: víctimas invisibles', del Defensor del Pueblo como los principales países de captación de mujeres para el mercado sexual(señala expresamente a Nigeria, Paraguay,Brasil y Rumania).
HAY ESCASAS POSIBILIDADES
"Es escasa la posibilidad de detectar situaciones de explotación sexual dado el insuficiente nivel de control y atención en esta materia que se facilita en los CIÉ para la detección, información y asistencia a las posibles víctimas de trata. Esta circunstancia hace que la mayoría de los casos pasen inadvertidos", sostiene Ángeles Álvarez.
A su juicio, la falta de control y respuesta adecuada en los CIE queda reflejada en el caso referido en el citado informe, sobre una interna con citación para declarar como testigo en un juicio por trata y que, a pesar de ser testigo, se encontraba ingresada en un Centro de Intemamiento, pendiente de una expulsión.
La socialista lamenta que, aunque se han producido avances importantes en la lucha contra la trata en España, muchas medidas resultan insuficientes si no se contrarrestan las situaciones de vulnerabilidad, o si no se informa adecuadamente sobre los derechos que asisten a las víctimas o las posibilidades de ayudas.
"La filosofía de la ley queda trastocada cuando se prima la condición de inmigrante sin papeles sobre la condición de víctima, dado que esta circunstancia impide la garantía de los derechos de las personas que fueron expuestas a la trata", agrega.
Por ello defiende que, más allá de las líneas de colaboración con organizaciones especializadas, establecidas en el reciente decreto de marzo de 2014, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, es "necesario" que los profesionales que prestan sus servicios en los CIE conozcan los procedimientos y técnicas para la identificación de víctimas de trata para evitar la revictimización y garantizar la salvaguarda de derechos.
