La recesión está poniendo a prueba la tolerancia española hacia una elevada inmigración, ya que, según analiza el semanario The Economist, la "oleada" de inmigrantes en España ha alcanzado un "parón drástico" debido a que el desempleo supera ya los cuatro millones y se encamina hacia una tasa del 20 por ciento, una situación que resulta "poco atractiva" para los inmigrantes.

   Esta publicación examina además la reciente polémica provocada por la iniciativa de Vic (Barcelona) de llevar a cabo un "plan controvertido" para "excluir a algunos inmigrantes de los registros municipales de residentes" y añade que se trata de un plan "similar" a otro ya en marcha en el municipio de Torrejón de Ardoz, "un suburbio de Madrid gobernado por el PP", según menciona.

   Asimismo, subraya cómo esta polémica ha provocado "controversia en un país que se muestra orgulloso por ser hospitalario con la inmigración" y cita cifras como que 2,5 millones de inmigrantes han llegado a España desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero tomó el cargo en 2004 y matiza que estar empadronado "garantiza el acceso a los servicios públicos de Sanidad y Educación de forma gratuita".

   "Tanto el ayuntamiento de Vic como el de Torrejón de Ardoz finalmente dieron marcha atrás, pero aún así la revuelta persiste" y explica que "los ayuntamientos están obligados a empadronar incluso a los inmigrantes ilegales". Con todo esto, indica que varios partidos políticos están compitiendo para parecer "más estrictos" y cita al PP y Convergencia y Unión (CiU) y expone que el líder de los 'populares', Mariano Rajoy, alegó que "hay demasiados ilegales".

   Por su parte, apunta que los críticos alegan que se trata de un "alarmismo innecesario" y que el aumento de "5,6 millones de inmigrantes" ha contribuido "en gran parte, al éxito económico de España". "Con el flujo de entrada de nuevos trabajadores, España llegó a niveles de inmigración similares a otros grandes países europeos, pero en una cuarta parte del tiempo", asegura.