Cameron alienta el sentir nacional proponiendo la renuncia a los dictámenes de Estrasburgo por inmiscuirse en la legislación británica
LONDRES, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El partido Conservador del primer ministro británico, David Cameron, ha advertido de que Reino Unido podría renunciar el año próximo a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si éste no admite que solo Londres tendrá la última palabra sobre si acepta o no los dictámenes de la corte de Estrasburgo.
Cameron intenta contentar a los varios frentes abiertos que le han acusado de ceder parte de la soberanía nacional a la corte europea, que actualmente prevalece sobre la Justicia británica y ha impedido, por ejemplo, la deportación de presuntos milicianos, censurado el comportamiento de los soldados británicos en Afganistán e intervenido directamente sobre la legislación británica referida, entre otros casos, a las sentencias a cadena perpetua y el derecho de los prisioneros a votar.
En respuesta, los conservadores preparan una propuesta por la cual, si consiguen una mayoría parlamentaria en mayo de 2015, sacarán adelante el borrador de una Carta de Derechos por la que la aplicación de cualquier dictamen que pueda emitir el Tribunal de Estrasburgo quedará a expensas de la decisión final de Reino Unido.
Esta nueva Carta de Derechos suspendería la actual Ley de los Derechos Humanos, el marco legal que incorpora los principios del Derecho Humanitario internacional a la legislación británica. Pondría fin, además, a una etapa que ha durado casi 70 años, desde que Reino Unido se convirtiera en miembro fundador, en 1949, del Consejo de Europa, la organización que vigila el cumplimiento de los DDHH en los estados miembros a través de la Convención Europea de los Derechos Humanos, doctrina legal aplicada por el tribunal de Estrasburgo.
Hace dos años, la propia ministra británica de Interior, Theresa May, criticó duramente al Tribunal cuando impidió la deportación del clérigo radical Abú Qatada de Reino Unido a Jordania.
"Cuando Estrasburgo impide la deportación de esa clase de hombres tan peligrosos, cabe preguntarse para qué sirve que hayamos firmado la convención. Necesitamos un plan para lidiar con esta situación, y quiero dejar claro que todas las opciones --y sí, eso incluye abandonar la convención en su totalidad-- deberían estar sobre la mesa", aseveró.
INTROMISIÓN NACIONAL
"Creo que la gente de este país cree que decisiones como estas --sobre si los prisioneros deberían ser enviados a la cárcel el resto de sus vidas o si deberían recibir el derecho a votar-- deberían ser tomadas en nuestros tribunales y en nuestro Parlamento", ha hecho saber este viernes el ministro de Justicia británico, Chris Grayling, a la cadena BBC.
Grayling, además, ha criticado la deriva tomada a su entender por el Tribunal de Estrasburgo, que "se ha apartado mucho" de sus principios fundacionales y "no debería por qué tener un cheque en blanco para llevar la defensa de los Derechos Humanos a ámbitos donde jamás se han aplicado".
Los laboristas, por su parte, entienden que el Tribunal de Estrasburgo necesita una reforma, pero considerarían "desastrosa" la renuncia de Reino Unido a la jurisdicción de la corte, y el propio Consejo de Europa ha calificado de "inconcebible" este escenario.
"Está claro que Estrasburgo necesita mejorar la calidad de sus jueces y aplicar un 'margen de apreciación' que permita a los estados miembros interpretar sus decisiones de manera apropiada", indicó el homólogo de Grayling en la oposición, Sadiq Khan, "pero la salida del Tribunal que proponen los Tories sería un desastre para este país, que acabaría igual que Bielorrusia, la última dictadura europea".
La propuesta de los Conservadores se puede interpretar también como una llamada al nacionalismo frente al ascenso del eurófobo Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), que durante los últimos años se ha convertido en una fuerza política a tener en cuenta en el país. Las encuestas publicadas hoy dan a los conservadores cierta ventaja sobre los laboristas por primera vez en dos años pero el apoyo al UKIP se mantiene en un amenazador 14 por ciento.
(EUROPA PRESS INTERNACIONAL)
