La falta de financiación condena a la Ley de Dependencia a una "inestabilidad permanente", según un estudio de Funcas

Anciano en silla de ruedas
EUROPA PRESS
Actualizado 07/11/2011 15:06:32 CET

El elevado número de prestaciones para cuidados familiares supone una "oportunidad perdida" para profesionalizar el sector

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La falta de un sistema de financiación garantizado condena a la Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia a una "inestabilidad permanente", según un estudio de Funcas 'La atención a la dependencia: aspectos económicos y sociales' que reúne una serie de análisis de expertos sobre esta norma aprobada en 2006.

En el capítulo, 'Ideas, políticas y realidad: análisis crítico de la Ley de Dependencia', la profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Margarita León señala que los más de cuatro años de la puesta en marcha "arrojan dudas" sobre la sostenibilidad del Sistema de Dependencia.

A juicio de esta experta, las aportaciones del Gobierno central cubrieron sólo el 32 por ciento del gasto, incumpliendo así la fórmula de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. A esto, se une que la puesta en marcha del Sistema de Dependencia ha resultado "muy desigual" entre las 17 comunidades autónomas.

Asimismo, según León la intención inicial de dar prioridad a los servicios frente a las prestaciones económicas "parece haberse desvanecido", pues con datos de febrero de 2011, el 65 por ciento de todas las prestaciones concedidas en el conjunto de las comunidades autónomas han sido monetarias y, de ellas, el ocho por ciento ligadas al pago de un servicio. El resto para cuidados en el entorno familiar.

Para la autora del capítulo, los redactores de la ley "infravaloraron" las dificultades de cooperación entre el Gobierno central y autonómicos, tanto en materia presupuestaria, como a la hora del nuevo sistema de atención a la dependencia. Según señala León, "algunas comunidades han visto en la nueva ley una amenaza por parte del Ejecutivo central de 'recentralizar' un ámbito del Estado de Bienestar".

Además de esto, para León el sistema de financiación de la ley, es decir, la aportación según el grado y nivel de los dependientes, ha constituido "un gran obstáculo para la cooperación interadministrativa".

En concreto, señala que en el contexto actual de reducción del gasto público, "la falta de una mayor aportación financiera por parte del Estado ha llevado en parte a que todas las comunidades autónomas se hayan inclinado por conceder más prestaciones económicas y menos servicios", pues con las primeras se atiende a "mucha más gente".

AUSENCIA DE UNA RED DE SERVICIOS ADECUADA

La ausencia de una red de servicios adecuada para la atención a las personas en situación de dependencia hace "prácticamente imposible" el cumplimiento de los objetivos de la ley, según afirma esta profesora. Así, recuerda los datos de la OCDE de 2005 que demuestran que en España el porcentaje de personas mayores de 65 años que reciben prestación pública de cuidado a domicilio (3%) estaba "significativamente" por debajo de la media de la OCDE (9,1%).

Por otro lado, apunta que en España, al igual que el resto de países del sur de Europa existe una "fuerte presencia" de un mercado de cuidados informal y afirma que los cuidadores informales --la gran mayoría mujeres--, estén remunerados o no tengan relación de parentesco con el dependiente, "justifica en cierto sentido una actitud de hechos consumados por parte de la Administración pública".

Mientras el Gobierno celebra que estas mujeres cuidadoras con esta ley reciben ahora una compensación económica por el trabajo que realizan, algunos expertos que han intervenido en el proceso político de diseño e implantación del Sistema de Dependencia (entrevistados por la profesora León) apuntan que el uso generalizado de estas prestaciones económicas ha supuesto una "oportunidad perdida" para profesionalizar el sector.

Para León, la intención del Gobierno de poner en marcha el "cuarto pilar" del Estado de bienestar con la ley de Dependencia, en el corto plazo, la "insuficiencia" de una red de servicios que haga frente a la demanda, unida a las "restricciones financieras" y a la presencia de un "fuerte" sector informal, "han terminado dando continuidad --a juicio de la experta-- a la tradición 'familista' del sistema de bienestar español".

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