Actualizado 08/05/2012 15:21

Bruselas registrará mañana la primera Iniciativa Ciudadana Europea a favor de reforzar el programa Erasmus


BRUSELAS, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea registrará este miércoles la primera Iniciativa Ciudadana Europea promovida por ciudadanos de España, Austria, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Hungría y Rumanía para pedir que las instituciones europeas refuercen los programas de intercambio de estudiantes como el Erasmus y de voluntariado en otros Estados miembros para "contribuir a una Europa unida basada en la solidaridad entre los ciudadanos", coincidiendo con el Día de Europa.

Los promotores de la iniciativa, bautizada 'Fraternidad 2020. Movilidad, Progreso.Europa', deberán comenzar a partir de este miércoles, una vez el Ejecutivo comunitario registre la iniciativa, a recabar el millón de firmas de ciudadanos de siete Estados miembros para respaldar la iniciativa.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsables de Asuntos Institucionales, Maros Sefcovic, ha saludado que las Iniciativas Ciudadanas Europeas "finalmente se conviertan en realidad" tras recordar que su objetivo es "promover la democracia participativa en Europa".

Por su parte, la comisaria de Educación, Androulla Vassiliou, ha saludado que la primera iniciativa guarde relación con la movilidad de los jóvenes porque resulta "esencial" en un contexto de crisis para que adquieran las capacidades necesarias para incorporarse al mercado laboral, además de contribuir a promover "la identidad y unidad europea".

Vassiliou ha recordado además que su Departamento ha propuesto aumentar en un 70%, hasta los 19.000 millones de euros, la dotación presupuestaria para el programa 'Erasmus For All' para que los estudiantes puedan cursar periodos de estudios, prácticas laborales o periodos de voluntariado en otro Estado miembro entre 2014 y 2020. Este aumento presupuestario permitiría, según cálculos de Bruselas, alcanzar los cinco millones de becados frente a los actuales 2,5 millones.

Las denominadas Iniciativas Ciudadanas Europeas se crearon en virtud del Tratado de Lisboa para permitir que los ciudadanos de a pie puedan reclamar a la Unión Europea que presente legislaciones de su interés en ámbitos de competencia comunitaria. Las iniciativas, que pueden presentarse desde el 1 de abril, deberán estar respaldadas por un millón de firmas de ciudadanos de al menos siete Estados miembros.

Para poder registrar una Iniciativa Ciudadana Europea en la web de la Comisión Europea, los ciudadanos deberán crear antes un Comité de Coordinación compuesto por al menos siete personas residentes en siete Estados miembros diferentes, ya creado en el caso de esta primera iniciativa. Los Comités deberán elegir a un representante y un sustituye, que será el encargado de gestionar y defender la iniciativa.

La Comisión Europea ya ha avanzado que no habrá problemas para registrar este primera iniciativa porque sólo rechazará, en el momento del registro, "aquellas que sean manifiestamente abusivas, frívolas, ofensivas, contrarias a los valores europeos o estén fuera de la competencia de la Comisión".

Una vez registrada la iniciativa, los ciudadanos tendrán un año para recabar las firmas necesarias y las declaraciones de apoyo necesarias que deberán ser certificados por las autoridades competentes de los Estaos miembros. Cualquier persona en edad de votar en las elecciones al Parlamento Europeo puede apoyar con su firma una iniciativa.

BRUSELAS TIENE TRES MESES PARA DECIDIR

A partir de ahí, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de tres meses para estudiar la iniciativa y decidir cómo procede. Para ello, mantendrá reuniones con los organizadores de la iniciativa para detallar las peticiones concretas y éstos a su vez tendrán la oportunidad de presentarla en una audiencia pública en el Parlamento Europeo.

El Ejecutivo comunitario presentará con posterioridad una propuesta donde explicará sus conclusiones y las medidas que prevea adoptar, pero en ningún caso garantiza que presentará una propuesta legislativa concreta.

Bruselas no analizará a los ciudadanos individuales que están detrás de la iniciativa, pero sí exigirá información sobre la financiación de la iniciativa. Las organizaciones no podrán organizar las iniciativas, aunque sí podrán apoyarlas, en un intento por limitar las posibles presiones de los lobbies.