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Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 14/01/2009 14:43

Casi 1.100 grandes empresas danesas estarán obligadas por ley a informar sobre sus políticas de RSC a partir de 2010

   Casi 1.100 grandes empresas privadas y públicas de Dinamarca se verán obligadas por ley a incluir, a partir de 2010, sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en sus informes financieros anuales, según informa el boletín especializado 'GreenBiz' en una noticia recogida por Europa Press.

   El parlamento danés aprobó a mediados de diciembre de 2008 una iniciativa que obligaba a una serie de compañías no sólo a describir sus políticas de RSC, sino también a detallar cómo se implementan dichas medidas y los progresos que consiguen, que tendrán que ser verificados por auditores externos.

   De esta manera, Dinamarca pretende conseguir que las empresas cumplan con el Pacto Global y los Principios de Inversión Responsable de la ONU. "En la actual crisis económica, es más urgente que nunca promover una transparencia mayor, especialmente en los campos medioambiental, social y de gobierno corporativo", afirmó el presidente de los Principios de Inversión Responsable de la ONU, Donald MacDonald.

   Actualmente, dar cuenta de las políticas de RSC es un acto voluntario. Según el parlamento danés, lo que se pretende al obligar a las empresas no es sólo avanzar en sostenibilidad, sino crear mejores oportunidades de negocio para las empresas del país nórdico. En este sentido, el gobierno danés ha argumentado que, mejorando su reputación social, las empresas pueden llegar a ser más competitivas.

   La iniciativa de Dinamarca no es nueva. De hecho, en Francia, ya existe un grupo de compañías obligadas a informar de su comportamiento social o medioambiental en sus memorias financieras desde 2001, y en el Reino Unido las compañías deben hacerlo desde 2007.


 

respecto a la represión de azerbaiyán

AI denuncia el "silencio mortal" de los organizadores de Eurovisión


Amnistía Internacional (AI) ha advertido este viernes de que la negativa de la European Broadcasting Union (EBU), la entidad organizadora del festival de Eurovisión, a condenar los abusos contra los Derechos Humanos cometidos en Azerbaiyán supone un "silencio mortal" que otorga "carta blanca al Gobierno de ese país para continuar con la represión".Ampliar

 

 

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