El primer informe de la web 'tuderechoasaber.es' concluye que el silencio administrativo sube al 77% en el caso de los ayuntamientos
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
Casi la mitad (47%) de las peticiones de información enviadas por los ciudadanos a las instituciones españolas entre marzo y julio de este año no obtuvo respuesta, una tasa que se elevó al 77 por ciento en el caso de los ayuntamientos y bajó al 25, en el de las comunidades autónomas. Las respuestas que se consideran "satisfactorias" se quedaron en el 14 por ciento.
Así figura en el primer informe realizado por la web 'tuderechoasaber.es' a partir de las solicitudes que ha tramitado de ciudadanos que quieren comunicarse con las administraciones españolas. Los datos están recogidos entre los meses de marzo a julio de este año, cuando esta iniciativa tramitó 373 solicitudes de información.
Desde el pasado 22 de marzo, esta web permite a cualquier persona enviar solicitudes de información a las instituciones públicas nacionales, autonómicas o locales. El estudio sobre los resultados de los primeros meses de funcionamiento ha sido realizado por Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio, las dos organizaciones responsables del proyecto.
Los responsables de la iniciativa concluyen que la entrada "en la agenda política" del debate sobre una ley de transparencia, que se tramita en el Congreso, "no ha tenido reflejo aún en cómo reaccionan las instituciones públicas ante las solicitudes de información de los ciudadanos".
UN 14% DE RESPUESTAS
Ese 47 por ciento de solicitudes se quedaron sin respuesta transcurrido el plazo que la legislación da a las instituciones españolas para contestar: tres meses (un mes, en el caso de asuntos ambientales). Sólo el 14 por ciento se consideran respuestas satisfactorias; en otro 14 por ciento de casos, la institución consultada aseguró no tener la información solicitada, un 8 por ciento obtuvo respuesta incompleta y otros 6 por ciento, inadecuada, es decir, se obtuvo contestación, pero sin relación con lo preguntado.
Por último, otro 8 por ciento de iniciativas fueron remitidas a un cuestionario (que se obliga a completar si se quiere obtener respuesta) y el 3 por ciento restante de los casos se rechazaron.
Los porcentajes varían según administraciones. Las instituciones estatales presentan también un 47 por ciento de silencio y un 22 por ciento de respuestas satisfactorias. Las autonomías obtienen mejores notas, con un 25 por ciento de respuestas satisfactorias, mientras que las entidades locales registran los peores resultados: un 77 por ciento de silencios y solo un 6 por ciento de contestaciones adecuadas.
Entre las respuestas satisfactorias se ponen como ejemplo las facilitadas por el Congreso y el Senado o por el Principado de Asturias, "que fue preguntado por el coste de sus últimas elecciones y contestó con una hoja de cálculo con la información detallada de cuánto se había gastado y en qué".
Según esta web, como ejemplo de respuesta incompleta "muy común" es la de la administración que se remite a los Presupuestos Generales del Estado si quiere información sobre los gastos. Un ciudadano, se apunta en el informe, preguntó por la dotación anual de CCOO, UGT y la CEO y
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le remitió "de manera general" a las cuentas estatales.
SITUACIÓN DEFICIENTE
Los promotores de este informe aseguran que el acceso a la información en España es "muy deficiente". "Pero aún más preocupante es comprobar que el nivel de acceso apenas mejora respecto a los datos recabados en años anteriores por Access Info Europe, en los que el silencio administrativo era de media del 50 por ciento", agregan.
A la espera de que se apruebe la ley de transparencia que se está tramitando, desde esta web se hacen varias propuestas. Por un lado, que todas las instituciones tengan un correo electrónico de contacto y que todas estén sometidas a las mismas obligaciones de publicación de información.
En tercer lugar, piden que desaparezca el silencio administrativo en su sentido actual, que es negativo, es decir, que se permite a las instituciones, que están así protegidas cuando no respondan. Además, reclaman medidas de promoción del derecho de acceso a al información.
