MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con el voto en contra del PP, aceptar a trámite una proposición CiU para poner en marcha una Ley de Apoyo a la actividad de los emprendedores sociales, aunque los 'populares' sí se han mostrado favorables a seguir fomentando el debate sobre este asunto para mejorar el marco jurídico de este colectivo en el ámbito de la UE.
Así lo ha explicado el portavoz de Cooperación del PP, Ignacio Uriarte, que ha subrayado la importancia de este tipo de estructuras empresariales pero también la complejidad de su tipología, objetivos o forma de funcionamiento.
"Todos estamos de acuerdo en el gran beneficio que estas empresas aportan a nuestra sociedad, y que es nuestra responsabilidad acompañarlas y visualizarlas. Pero ese debate también se está realizando en la UE y debemos ser inteligentes a la hora de promover o delimitar figuras en un escenario europeo y global infinitamente competitivo", ha añadido.
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Por eso, ha defendido la disposición de su grupo a participar de un "debate social nacional" sobre "la manera más adecuada de incorporar a la empresa social en la legislación española para darle cobertura" y para "impulsar la economía social y, de esa manera, promover la creación de empleo y el bienestar social".
Sin embargo, ha defendido que ese debate debe realizarse en el marco de la Ley de Economía Social, de 2011, y también teniendo en cuenta la estrategia sobre este asunto que la Comisión Europea (CE) lanzó en 2011 y que "pronto" se plasmará en directivas comunitarias que habrá que trasponer a la normativa española.
Por eso, y porque a su juicio la propuesta de los nacionalistas catalanes "no cumple con la dimensionalidad y transversalidad necesaria" para un tema de este calibre, Uriarte ha justificado el voto en contra de su grupo a tramitar el proyecto de ley en la Cámara Baja.
EXENCIONES FISCALES
Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales y de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha defendido la necesidad de crear una nueva figura jurídica, la Sociedad Limitada de Interés General, para dotar de un marco legal a las empresas que ya trabajan con objetivos sociales y "combatir" así problemas como el del desempleo juvenil o el fracaso escolar.
"Lo que estamos pidiendo es que acompañen a la sociedad en esa demanda de tener un marco legal que haga posible luchar contra los problemas sociales", ha explicado el diputado, insistiendo en que la intención es "no contraponer la empresa mercantil y la social, sino combinar lo mejor de estos dos mundos".
En la propuesta, se plantea que las nuevas sociedades limitadas de interés general sólo puedan repartir el 30% de su beneficio, reinvirtiendo o reservando el 70% restante, y también que estén sujetas a limitaciones de sueldo y a exigencias de transparencia. Por otra parte, se beneficiarían de incentivos fiscales como un tipo del 18% hasta los 200.000 euros y un 22% a partir de esa cantidad en el Impuesto de Sociedades.
Para animar a invertir en proyectos de emprenduría social, se plantean deducciones del 30% sobre las cantidades satisfechas por suscripciones o participación de acciones, hasta un máximo de 200.000 euros, de modo que se facilite el acceso de este tipo de sociedades a la financiación y al mercado de capitales.
Junto a Convergència i Unió han votado a favor de la tramitación tanto el PNV como UPyD y la mayor parte del Grupo Mixto, mientras que el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han optado por la abstención.
