MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a poner en marcha medidas a favor de la concienciación y el fomento del comercio justo y el consumo responsable entre la ciudadanía, con motivo del Día internacional del Comercio Justo, que se celebra este sábado. Además, ha presentado una Proposición de Ley para favorecer el comercio justo en los contratos de la Administración Pública.
Así, en la proposición no de ley, recogida por Europa Press, el diputado independentista pide al Ejecutivo la creación de una comisión paritaria Gobierno-sociedad civil para estudiar y proponer medidas de fomento del Comercio Justo y el consumo responsable "tanto en el ámbito público como en el privado". La citada comisión estaría compuesta por miembros gubernamentales entre los que, a su juicio, debería constar "necesariamente una representación de la AECID"; y por parte de la sociedad civil, miembros elegidos por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
Además, Tardá considera que la comisión debería remitir anualmente un informe sobre su análisis, actividad y propuestas al Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En el marco de los trabajos de la esta comisión, pide consensuar las medidas para la implantación generalizada del comercio justo y la Compra Pública Ética en administraciones públicas, organismos autónomos y demás entes públicos estatales, así como en aquellas empresas que se benefician de contrataciones o subcontrataciones y que garanticen el cumplimiento de estándares de compra empresarial responsable, es decir, aquellos que tienen en cuenta criterios sociales y medioambientales a la hora de contratar bienes o servicios.
Asimismo, pide impulsar una campaña institucional dirigida a concienciar a la ciudadanía y a las empresas privadas sobre la necesidad de un consumo responsable y sobre el comercio justo, además de poner en marcha medidas en centros educativos para la difusión del consumo responsable y el comercio justo, entre otras actuaciones.
COMPRA PUBLICA ETICA
Por otro lado, en la exposición de motivos de la Proposición de Ley, Tardá recuerda que la opción de las administraciones públicas por productos de Comercio Justo es una práctica de Compra Pública Ética "coherente con los compromisos de reducción de la pobreza y de la cooperación para el desarrollo".
En este sentido, señala que la inclusión de criterios de Comercio Justo en los contratos públicos "es ya una realidad para numerosas administraciones estatales, regionales y locales y especialmente para las instituciones de la Unión Europea" e indica que el Estado no puede obviar esta realidad y debe sumarse a las iniciativas existentes en administraciones públicas de Cataluña, País Vasco, Madrid o Andalucía.
Por ello, entre otras modificaciones, destacan las relativas a que en los contratos de suministro empresariales deberá haber una acreditación verificable de que los productos suministrados han sido fabricados, ya sea de forma directa o mediante subcontratación, en cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mientras que las prescripciones técnicas podrán contemplar criterios de comercio justo, entre otras.
También se pide que los órganos de contratación puedan establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato y describe como productos de comercio justo aquellos que cumplan con criterios relacionados con un precio justo para los productores, que garanticen ingresos justos y permitan cubrir unos costes sostenibles de producción, además de aquellos que hayan sido importados y distribuidos por Organizaciones de Comercio Justo acreditadas por IFAT (Asociación Internacional de Comercio Justo) o por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, entre otras cuestiones.
BENEFICIOS PARA TODOS
Según Tardà, la importancia de difundir el comercio justo radica en que esta práctica "beneficia a todo el mundo: al mundo empobrecido porque permite su mejora económica y a nuestras sociedades porque nuestras empresas no pueden competir con los precios de miseria y explotación de los países empobrecidos".
"Sin un comercio justo y responsable, con nuestro dinero estamos subsidiando la explotación infantil, las maquilas sin derechos, la destrucción de espacios naturales vitales y, incluso, los conflictos armados por el control de recursos naturales como los diamantes", ha lamentado Tardá que ha denunciado que "la existencia de un comercio justo implica la existencia de un comercio injusto".
