El Grupo de Trabajo Cláusulas Sociales del Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid ha analizado las posibilidades de inclusión de criterios sociales en la contratación pública y ha elaborado un documento con propuestas concretas para que las Administraciones Públicas impulsen una gestión socialmente responsable, informó hoy el Grupo.

   En España, la contratación pública supone aproximadamente entre el 13 por ciento y el 15 por ciento del PIB (el 16 por ciento en la UE). Según la sentencia del Tribunal Supremo del 23 de mayo de 1997, "la Administración no está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público".

   Para este Grupo de Trabajo, las Administraciones Públicas deberían adoptar una postura firme que favorezca el empleo y la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el comercio justo y el consumo responsable.

   Mediante estas cláusulas sociales y la inclusión de aspectos de política social en los procesos de contratación pública, las administraciones consiguen la realización de obras, la prestación de servicios o la adquisición de suministros, la sostenibilidad económica de las políticas sociales y la rentabilidad social que supone una inversión.

    Este grupo de trabajo explica que este recurso contribuye a disminuir el gasto público destinado a programas sociales, rentas básicas, subsidios por desempleo o gastos sanitarios y genera ingresos a la Hacienda Pública. Asimismo, permite que las empresas privadas asuman su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial integrando las preocupaciones sociales y ecológicas en sus actividades comerciales.