Un Tribunal Popular alternativo a la Cumbre de Viena 'juzga' a varias multinacionales por sus actuaciones

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Actualizado 11/05/2006 15:54:02 CET

Las organizaciones 'pedirán cuentas' a empresas como Repsol por la "expropiación de recursos naturales" en Bolivia, Meliá o ENCE

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ONG ecuatoriana Acción Ecológica y Oxfam Internacional, ha organizado una Cumbre Alternativa a la que comienza hoy en la capital austriaca, Viena, --la IV Cumbre UE-América Latina y Caribe--, para protestar contra los acuerdos de libre comercio entre estas regiones y 'juzgar' la actuación de varias empresas a través de un Tribunal Popular, entre ellas Repsol YPF, Meliá, la papelera ENCE o Unión Fenosa.

Los participantes se disfrazarán de líderes de la UE, desharán un gran puzzle de América Latina fabricado con grandes cubos para 'jugar' con ellos y desplegarán una pancarta con el lema "Integración para el desarrollo, no a los tratados de libre comercio". La Cumbre Alternativa se inició ayer con los primeros "juicios" contra multinacionales europeas que operan en América Latina, a las que se acusa de "violaciones de Derechos Humanos".

Oxfam Internacional, la Alianza Social Continental y el Instituto Transnacional son algunos de los grupos que organizan este acto, que coincide con el inicio de esta Cumbre que reunirá hasta mañana a 31 países europeos y otros 31 latinoamericanos.

Este acto se inscribe en el programa de la Cumbre Alternativa que han convocado alrededor de 200 organizaciones en Viena y a cuya clausura asistirán el sábado los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez.

Las organizaciones constituyeron ayer el Tribunal Permanente del Pueblo, cuyo presidente, el profesor Elmar Altvater, definió como "un instrumento que proporciona un espacio para los que normalmente no tiene voz, representantes de las comunidades en América Latina afectados por la impunidad de las transnacionales europeas".

Entre los casos que se presentaron ayer figura un 'proceso' contra las petroleras española Repsol IPF y la británica BP, cuyas instalaciones en Bolivia el Tribunal considera que son "un canal para la expropiación de los recursos naturales de Bolivia".

Por eso, la organización de la Cumbre Alternativa afirmó en un comunicado: "celebramos el programa de nacionalización anunciado por el presidente Evo Morales", aunque señalaron que "mantendrán el control hasta que el petróleo y el gas sean nacionalizados bajo el control del Estado".

Junto a Repsol, el Tribunal Popular 'pedirá cuentas' por sus actividades en América Latina a otras compañías españolas: Aguas de Barcelona (AGBAR), Unión Fenosa, las empresas turísticas Riu Resorts, Ibero Star, Meliá, Oasis y Gala y la papelera ENCE.

Al Tribunal llegarán más de 30 testimonios de países de América Latina y el Caribe donde la presencia de empresas transnacionales de origen europeo tiene consecuencias negativas para las personas y el Medio Ambiente.

Una de las voces que estos días se oirán en este 'juicio popular' es la de José Proaño, miembro de Acción Ecológica, una ONG que desde hace veinte años da a conocer las luchas de comunidades locales que se ven afectadas por las actividades de empresas nacionales e internacionales.

A su paso por España de camino a Viena, Proaño señaló a 'Canal Solidario' que "es necesario conocer la realidad de algunas de las comunidades amazónicas afectadas por la labor de empresas como Repsol YPF, y que la gente sepa de dónde viene la luz que llega a sus casas y la gasolina que hace funcionar sus vehículos".

La idea es "tratar temas como el acceso a los recursos naturales, los Derechos Humanos y el diálogo político entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe". "En nuestro caso, hablaremos de Repsol y de un estudio que recoge denuncias y testimonios de Argentina, Colombia, Bolivia y Ecuador", añadió.

EXIGIR RESPUESTAS

El objetivo es "exigir una respuesta a las empresas a través de la presención de diversos casos relacionados con las compañías que operan en la Amazonía ecuatoriana y en territorios indígenas". Entre ellas, Repsol YPF, que opera en el parque nacional Yasuní.

"Esta zona es una área protegida por el Estado y por la UNESCO y un refugio del pleistoceno y de conservación reconocido internacionalmente", recuerda Proaño. Un refugio para todas las especies que de toda la Amazonía y en el que ahora están presentes Repsol y otras multinacionales. La petrolera opera concretamente en el llamado bloque 16, de unas 200.000 hectáreas y territorio huaorani, un pueblo que apenas hace 40 años que ha contactado con la sociedad occidental.

"Los huaorani eran un pueblo recolector, pero la presencia de la empresa ha hecho desaparecer parte de sus animales y ha creado relaciones de dependencia en las comunidades", explica. Esto también está relacionado con la madera que se extrae del parque Yasuní y que se transporta por las carreteras construidas para las petroleras.

Dar a conocer estos datos en este Tribunal de Viena tiene como finalidad "informar de las situaciones que padecen estos pueblos en el resto del mundo para garantizar la soberanía energética en países como España", y recordar que la energía que se consume "no es limpia ni respeta los Derechos Humanos".

En este sentido, opinia, "el primer paso es sensibilizar a la población de esta situación". "Sabemos que es difícil decir a la población que deje de comprar a las transnacionales pero queremos conseguir que sean conscientes de sus hábitos y su forma de vida, que cada vez que enciendan la luz eléctrica o que llenen el depósito de su coche sepan que esa energía viene de América Latina y se trata de recursos que se están agotando", afirma.

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