MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 15 entidades se han adherido a un plan de responsabilidad social, impulsado por la Diputación de Málaga, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) a finales de noviembre; con el objetivo de establecer medidas contra la crisis a corto, medio y largo plazo.
Estas entidades son: la Delegación del Gobierno de la Junta, la Subdelegación del Gobierno y los ayuntamientos de Málaga, Vélez-Málaga, Ronda, Yunquera, Álora, Alfarnate, Cártama, Totalán, Montecorto, Ardales, Mijas, Ojén y Coín.
Así, la Comisión ha establecido la organización de grupos de trabajo distinguiendo cuatro áreas temáticas como formación y mejora de la empleabilidad y prevención de riesgos laborales; economía, turismo, industria e innovación; infraestructura, cohesión territorial, desarrollo local y sostenibilidad; y desarrollo rural y agrícola.
Asimismo, el acuerdo va a disponer de una plataforma informática con el objetivo de recoger ideas de la ciudadanía y de expresar vía telemática las actividades, análisis, noticias, opiniones y propuestas que genere el plan, según señalaron desde la Diputación a través de un comunicado.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas del plan radican en fomentar la creación de empleo de calidad, potenciar e impulsar el desarrollo y la mejora de las infraestructuras; aprovechar los recursos y potencialidades de la provincia; luchar contra la siniestralidad laboral y apoyar el autoempleo y la iniciativa emprendedora son algunos de los objetivos generales de este acuerdo de responsabilidad social.
Así, desde la Diputación explicaron que las instituciones firmantes están impulsando un modelo económico basado en el conocimiento, la cohesión, la innovación y la sostenibilidad.
En este sentido, informaron de que se están llevando a cabo campañas de sensibilización de ahorro de energía; mejoras de los instrumentos urbanísticos de planificación mediante el impulso de oficinas técnicas territoriales; así como tratando de dinamizar la construcción de VPO para el desarrollo del Plan Andaluz de la Vivienda y el Suelo 2009-2012.
Con las medidas a medio plazo, se pretende promover la modernización de los sectores estratégicos de la provincia: los servicios, el turismo y la construcción, así como los nuevos modelos productivos que contribuyan a diversificar la economía malagueña, tales como las nuevas tecnologías, las energías renovables o la transformación agroalimentaria.
Además, se apostará por empresas turísticas más flexibles e impulsar programas para apoyar las pymes de la provincia, desarrollando el Consorcio Provincial para el Desarrollo Local.
Respecto al sector agrario, se apoyará el mantenimiento de las explotaciones agrarias existentes en la provincia; se implantarán sistemas de cultivo y producción basados en la agricultura ecológica; y se potenciará la recuperación de los oficios tradicionales relacionados con el medio rural.
Las partes del acuerdo entienden que la concertación social es también "la herramienta más eficaz para la lucha de uno de los mayores problemas en el ámbito laboral, como es la siniestralidad"; para lo que se fomentarán planes de formación en materia de riesgos laborales.
Por último, el acuerdo establece la necesidad de abrir el comercio de Málaga a nuevos mercados aprovechando su situación estratégica. En este sentido, se potenciarán los lazos comerciales con Marruecos, mediante la firma de acuerdos bilaterales; y se fomentarán programas de cooperación para el desarrollo con el Mediterráneo y con Latinoamérica.
