ALMERÍA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento y Vivienda ha atendido desde octubre de 2012, fecha de su puesta en marcha, hasta finales de 2016 a un total de 719 familias de la provincia de Almería mediante el sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios. De ese conjunto, el año pasado este servicio abrió 32 expedientes, en su mayoría en el ámbito de la intermediación.
A través de este instrumento, la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses, según ha explicado la Junta en una nota. Igualmente, incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble.
De los 719 expedientes atendidos desde octubre de 2012, un total de 92 casos acudieron a este servicio en la fase de prevención, 464 en la fase de intermediación y 163 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, de los 32 casos registrados, 22 se cursaron en intermediación y diez en protección.
En la fase de prevención, el personal adscrito al sistema ha informado a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO, la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas.
En el servicio de intermediación, los técnicos han asesorado desde octubre de 2012 a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda. En este ámbito, se dio información sobre las posibles vías de actuación y se medió, tanto con entidades financieras para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago; como con juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.
Asimismo, en el ámbito de la protección, las familias se han dirigido a ese servicio con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso. En estos casos, los técnicos han puesto en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública o brindando apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler para obtener una alternativa habitacional.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Almería, Joaquín Jiménez, ha destacado que "este sistema desarrolla una valiosa labor de apoyo y asesoramiento desde una perspectiva integral y personalizada". Desde finales de 2015, según ha añadido, "la Junta ha hecho un gran esfuerzo por convertir este servicio en una ventanilla única de la Administración autonómica para el ciudadano que ha sido despojado de su vivienda o está en riesgo de ello por el endeudamiento sobrevenido".
Además de este servicio, el Gobierno andaluz ha impulsado otras medidas en la lucha contra los desahucios, como la elaboración de una nueva Ley de Tanteo y Retracto, que permitirá a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas al final del proceso de ejecución hipotecaria para permitir a las familias afectadas permanecer en sus hogares mediante un alquiler social.
