GRANADA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado este lunes que todos los contratos públicos de la Junta incluyen cláusulas sociales y medioambientales para garantizar, entre otros objetivos, el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes en cada sector, favorecer la puesta en marcha de planes de igualdad y minimizar los efectos de la reforma laboral.
La consejera ha realizado estas declaraciones ante de participar en Granada, junto a la delegada del Gobierno andaluz en esta provincia, Sandra García, en la inauguración de una jornada de trabajo sobre el marco normativo de la contratación pública, derivado de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Montero ha señalado que la nueva ley representa una oportunidad para la mejora de los controles y la transparencia en la adjudicación de contratos, cuya información será más accesible para los ciudadanos y para las empresas.
Asimismo, promoverá el acceso de pymes y autónomos con el fin de favorecer su incorporación a las licitaciones y contratos de la Junta de Andalucía, agilizando además los trámites y los tiempos en los procedimientos. En este sentido, ha recordado que la administración andaluza realiza más de 70.000 contratos anuales por un valor superior a los 2.500 millones de euros.
Desde el pasado día 9, la Junta ha puesto en marcha un buscador que permite localizar las cláusulas sociales incorporados en las próximas licitaciones y hacer propuestas.
La Junta acordó el pasado mes de octubre con sindicatos y empresarios la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales que deben cumplir las empresas para contratar con la administración pública. Asimismo, la Consejería de Hacienda elaboró una guía que detalla las cláusulas sociales de obligado cumplimiento que deben aparecer en los pliegos que rigen en todas las licitaciones de la Junta. Además, recoge recomendaciones que pueden establecerse en función del objeto del contrato que se vaya a adjudicar.
Según ha explicado, se trata de mantener los principios de la contratación pública (libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato ente los candidatos, y eficiencia en el uso de los recursos), pero dirigidos hacia objetivos comunes como son un "crecimiento inteligente, sostenible e integrador".
