HUELVA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Huelva ha acogido este lunes el pleno del Consejo Provincial de Consumo, donde se ha abordado la necesidad de realizar una amplia campaña informativa y de difusión centrada en alertar a la ciudadanía de ciertas prácticas engañosas y abusivas que se están detectando para la captación de clientes en el sector eléctrico, fundamentalmente en la venta domiciliaria.
El Consejo Provincial de Consumo es el principal órgano de participación ciudadana en este ámbito en la provincia que tiene como finalidad promover la defensa de los derechos de las personas consumidoras a través de la mediación y la concertación, según ha informado la Junta en una nota de prensa.
La labor que debe desempeñar este instrumento para la resolución de conflictos en materia de consumo dependiente de la Consejería de Salud y la necesidad de reactivar y potenciar su papel han sido los aspectos que han motivado la convocatoria de esta reunión, que ha estado presidida por el delegado territorial del ramo, Rafael López.
Con una trayectoria de más de 30 años, el Consejo Provincial de Consumo está conformado por un total de nueve miembros: tres representantes de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias con mayor representatividad en la provincia, integradas a su vez en alguna de las organizaciones que pertenezcan al Consejo Andaluz de Consumo; tres representantes designados por las entidades empresariales de la provincia que formen parte de la organización empresarial con mayor presencia en Andalucía, y tres representantes de las administraciones públicas con competencias en esta área.
Entre sus principales funciones se encuentran solicitar a los órganos, entidades o personas competentes los informes que se estimen necesarios para la resolución de cuestiones sometidas a su consideración y estudio, así como actuar como herramienta de mediación que fomente el acuerdo entre las partes en los conflictos que puedan producirse.
En su intervención en el pleno, el delegado territorial del ramo, Rafael López, ha destacado que la defensa de los derechos de las personas consumidoras es "una línea de actuación prioritaria" para la Junta de Andalucía, recogida en el propio Estatuto de Autonomía.
López ha abogado por "proteger a la ciudadanía desde la formación y la información, tratando de que conozca las herramientas que tiene a su disposición para preservar sus derechos". Al respecto, ha recordado las diferentes medidas que se han puesto en marcha por parte de la administración autonómica en este sentido, tales como la plataforma multicanal Consumo Responde y su teléfono gratuito 900 21 50 80, "con los que la población puede ejercer sus derechos de una manera eficaz".
ORDEN DEL DÍA
Como punto más reseñable en el orden del día, se ha abordado la necesidad de realizar en la provincia una amplia campaña informativa y de difusión, centrada en alertar a la ciudadanía onubense de ciertas prácticas engañosas y abusivas que se están detectando para la captación de clientes en el sector eléctrico, fundamentalmente en la venta domiciliaria.
Los integrantes del consejo han coincidido en que con vistas al desarrollo de esta acción resulta imprescindible contar con la participación de todas las partes implicadas en la defensa de las personas consumidoras, especialmente las asociaciones y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) existentes en Huelva.
Todo ello responde a las recomendaciones ya planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera necesario poner freno a malas prácticas con que las empresas eléctricas pretendan captar clientes, ya sea puerta a puerta, por teléfono o a través de publicidad engañosa. El objetivo de esta iniciativa es prevenir dichos fraudes, así como concienciar a los ciudadanos sobre cómo evitarlos y, en caso de producirse, la importancia de que procedan a denunciarlos.
PLAN DE INSPECCIÓN
En la reunión también se ha presentado el Plan de Inspección de Consumo diseñado por la Junta para este año, que comprende la realización de un total de 25 campañas, y cuyo desarrollo supondrá más de 9.000 actuaciones inspectoras en el conjunto de la comunidad autónoma, aproximadamente 400 de las cuales consistirán en la toma de muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.
Se trata de una labor encaminada a comprobar el correcto cumplimiento de la normativa en materia de consumo por parte de las empresas que operan en Andalucía y garantizar así que los bienes y servicios puestos a disposición del público se produzcan, suministren y ofrezcan en unas condiciones adecuadas, favoreciendo el acceso a productos seguros y de calidad.
Las actuaciones de control programadas se organizan en tres bloques: productos alimenticios y alimentarios, productos no alimenticios y servicios. Son objeto de una especial vigilancia, control e inspección los bienes de primera necesidad, como los alimentos, y los servicios esenciales para la comunidad, así como los productos orientados a la población infantil, por ser un colectivo especialmente vulnerable, tales como juguetes, disfraces, caretas, máscaras y artículos de puericultura (chupetes, biberones, broches).
En el ámbito de los servicios se insistirá este año en el desarrollo de campañas como la de información en la compra-venta y arrendamiento de viviendas, contratación a distancia, prácticas comerciales desleales, banca, sector aéreo o compañías de telecomunicaciones. Además, durante este ejercicio se hará también una campaña de inspección de entidades suministradoras de agua, debido a que en la última realizada, en 2016, se detectó un elevado porcentaje de irregularidades.
En la elaboración del plan de inspección participan, como cada año, las Federaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y diferentes centros directivos de la administración andaluza cuyas competencias pueden afectar o tener relación con la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Asimismo, se tienen en cuenta los resultados e incumplimientos detectados en otras campañas y la información sobre quejas y reclamaciones recogidas.
