JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La renta mínima de inserción social va a beneficiar a más de 12.000 jiennenses de 4.450 unidades familiares. Así lo ha apuntado la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, que ha participado, junto con la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, y la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, en la apertura de la jornada formativa sobre la puesta en marcha del decreto-ley que establece en Andalucía este nuevo instrumento.
El objetivo de la jornada ha sido el de consensuar la puesta en funcionamiento de la Ley de Renta Mínima de Inserción Social con la que se amplía la cobertura de las personas que están en riesgo de pobreza porque, "aunque la situación económica está mejorando, en la provincia de Jaén y en Andalucía se crea empleo, hay muchas personas a las que les va a costar salir de esta situación y, por tanto, no podemos dejarlas a un lado y tenemos que ayudarlas, tenemos que estar ahí", ha destacado la delegada del Gobierno.
Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales ha subrayado que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar.
"Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres", ha remarcado Purificación Gálvez.
En este sentido, ha explicado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses.
"Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario", ha indicado.
Asimismo, la secretaria general de Servicios Sociales ha señalado que se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. "Es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central", ha resaltado.
Por otro lado, Gálvez ha subrayado que la renta mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS)".
Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.
Durante su intervención, la secretaria general ha indicado que "el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad".
Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que el solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.
El decreto-ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las Asociaciones de Consumidores Facua y UCA, y otras entidades como CEPES y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Según las previsiones de la Junta, para el periodo 2018-2021 se destinarán 819 millones de euros para las prestaciones de las que se beneficiarán cada año más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS).
