MÁLAGA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía ha efectuado dos operaciones en la que han sido decomisados un total de 662 kilogramos de pescado ilegal en Mercamálaga durante los pasados 17 y 26 de agosto.
El material incautado se compone de 84,8 kilogramos de merluza; 85 kilogramos de boquerones; 35 kilogramos de salmonetes; nueve kilogramos de rape; 6,75 kilogramos de jibia; 50 kilogramos de pulpo; 253 kilogramos de cigalas; 0,9 kilogramos de bogavante; 0,65 kilogramos de langosta; 4,45 kilogramos de langostinos; 8,25 kilogramos de gamba roja; 5,8 kilogramos de cañaíllas; 30 kilogramos de coquinas; 80 kilogramos de concha fina y 8,80 kilogramos de longueiron.
Estas dos actuaciones realizadas en Mercamálaga, en las que ha colaborado la Guardia Civil, han supuesto el levantamiento de cinco actas de infracciones a dos mayoristas y tres transportistas. De las cinco actas de infracción, tres fueron por pescado inmaduro y dos por falta de trazabilidad, según han informado desde la Junta a través de un comunicado.
El pescado ilegal incautado por incumplir las condiciones de talla ha sido entregado a Bancosol para su distribución a organizaciones sociales, mientras que el que no cumplía la normativa de trazabilidad y etiquetado ha sido destruido.
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Javier Salas, ha felicitado a los miembros del servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, encargado de las actuaciones de control de forma regular durante todo el año, "por estas dos actuaciones en las que se ha decomisado una gran variedad de especies con un alto valor en el mercado".
También Salas ha resaltado el "daño biológico" que provoca en los recursos marinos la captura de especies que no alcanzan las tallas mínimas legales, así como el "perjuicio económico que estas prácticas suponen para el sector pesquero que ejerce su actividad conforme a la normativa".
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha resaltado el trabajo que durante todo el año realiza la Inspección Pesquera, una labor que "se intensifica especialmente durante el verano ante el incremento de la demanda de pescado por la época vacacional y la fuerte afluencia de turistas".
Las sanciones previstas en materia de pesca, transporte, comercialización y consumo de pescado inmaduro van desde los 300 a los 60.000 euros al estar consideradas como infracción grave contra la normativa vigente en materia de pesca.
