MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los consejeros de Salud, Aquilino Alonso, y de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, han participado este lunes en una reunión, con el título 'Un sistema de salud sostenible, innovador, equitativo y accesible', organizado por la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la Universidad de Málaga (UMA), y han defendido que la sanidad pública andaluza contribuye a estimular la riqueza y la cohesión social.
En declaraciones a los periodistas, antes de su intervención, Alonso ha señalado que la economía de la salud "es una ciencia que contribuye de forma importante a analizar la influencia de las nuevas tecnologías y también los requisitos de accesibilidad y financiación que debe tener un sistema para ser sostenible" y ha destacado la participación de dicha disciplina en la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía.
Ya en su intervención, el consejero de Salud ha afirmado que en Andalucía el valor añadido del sector sanitario público "es superior al promedio de la economía regional", lo que se traduce en que, por cada euro invertido en sanidad pública se generan 0,84 de valor añadido en el conjunto de la economía andaluza". Este valor se obtiene gracias a la "elevada cualificación, a la intensidad del conocimiento que se utiliza y genera, así como al elevado grado de tecnología del sector sanitario público", ha dicho.
Ha sostenido que los sistemas sanitarios públicos "protegen financieramente a las familias frente a la enfermedad y garantizan la equidad en el acceso a la atención, de manera que nadie queda excluido por motivos económicos o sociales".
Por otra parte, ha señalado que las incertidumbres del Sistema Nacional de Salud se sitúan en la esfera de la decisión política, "porque priorizar la inversión en sanidad pública, con carácter universal y equitativo es una cuestión que se decide".
El responsable de Salud ha destacado la apuesta inversora en salud de la Junta que "se contrapone a lo que plantea el Gobierno de España". Así, ha dicho que mientras Andalucía destina el 6,3 por ciento de su PIB a sanidad, "a nivel nacional se propone reducirlo hasta el 5,7 por ciento del PIB en 2019, una cifra muy alejada de la realidad social y de los países del entorno".
También se ha referido a que las políticas para contener el gasto están suponiendo "barreras en el acceso a la sanidad pública y un incentivo para la sanidad privada así como un desgaste muy importante para la organización sanitaria".
Ha puesto como ejemplo "la extensión de los copagos, la exclusión de la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, la desgravación de los seguros privados de salud, la paralización de las ofertas de empleo, las tasas de reposición impuestas, y el acuerdo con Farmaindustria recientemente renovado para vincular el gasto farmacéutico al PIB".
En su opinión, estas medidas "no solo no contribuyen a la contención del gasto sino que están provocando desigualdades en el acceso a la atención sanitaria necesaria y suponen la desaparición del principio de solidaridad en la financiación del sistema". Esta reducción del gasto público "está limitando --ha dicho-- las posibilidades de inversión en I+i en los centros públicos, y por tanto las posibilidades de acceso de la población a las innovaciones".
El consejero se ha referido también a la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que acaba de entrar en el Parlamento para su debate y con la que se quiere "blindar" los valores de "universalidad y equidad, así como el carácter público y gratuito del sistema sanitario público de Andalucía".
Al respecto, ha resaltado la importancia de alcanzar un amplio consenso social y parlamentario en este proyecto "ya que la población está demostrando que la sanidad pública le preocupa y que está dispuesta a defenderla con todas las herramientas a su alcance".
Cuestionado por la repercusión de las 35 horas semanales, Alonso ha indicado que "la ampliación en el conjunto de Andalucía va a ser de más de 3.000 profesionales", pero ha recordado que esa aplicación comenzó el lunes y "no se ha contratado a todos los necesarios". Ha reiterado su "compromiso claro" de informar cuando acabe el proceso de "lo que ha representado en cada uno de los hospitales y en el conjunto de Andalucía".
Sobre las medidas tomadas en sanidad, ha señalado que la primera fue la recuperación de derechos, de forma que "los profesionales que estaban al 75 por ciento pasaron al cien por cien"; mientras que en una segunda fase "lo que nos preocupamos fue por incrementar el tiempo de duración de los contratos y hemos pactado con los sindicatos interinizar a más de 15.000 profesionales en toda Andalucía".
Ha señalado que en paralelo a lo anterior se inició la renovación del equipamiento, "porque durante el periodo de crisis había que priorizar la asistencia sanitaria sobre las tecnologías", refiriéndose a la apertura de infraestructuras, en concreto en Málaga, "que durante la crisis tuvieron un retraso".
También ha dicho que se está avanzando con los profesionales en la revisión para la mejora de las listas de espera, para lo que hay un grupo creado con participación de profesionales, de colegios y de sociedades científicas.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por su parte, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha indicado en declaraciones a los periodistas que es "un momento importante", ya que este año "hay que cambiar el modelo de financiación de las comunidades autónomas y es en este modelo donde a mi parecer radican los principales problemas de financiación de la sanidad".
Ha explicado que la sanidad es una competencia transferida a las comunidades, pero ha indicado que el modelo de financiación "siempre de manera general, a lo largo de la historia, no ha sido muy favorable a Andalucía, pero a partir de 2009, ha sido totalmente desfavorable de manera general y de forma particular en lo que se refiere a la sanidad".
Por eso, se ha mostrado a favor de "echar luz sobre estos asuntos y ver qué propuestas tenemos que mantener desde Andalucía a la hora de cambiar el modelo de financiación y en especial cómo va a ser la financiación de la sanidad en nuestro país".
En su intervención, ha defendido un Estado del Bienestar con políticas de protección social "que permitan vivir dignamente y con buena salud", al tiempo que ha añadido que "el devastador impacto del desempleo y la precariedad requieren realizar con urgencia políticas fiscales progresivas y redistributivas que permitan mejorar la protección social".
Ha asegurado que la "escasez" de recursos y la ausencia de aplicación de políticas efectivas que reduzcan el desempleo, "que protejan a quienes están desempleados y que mejoren la calidad de las condiciones de trabajo reduciendo la precariedad laboral es ser cómplice del deterioro de la salud y la calidad de vida de muchos ciudadanos y de que sigan aumentando las desigualdades en salud".
Ha lamentado que la "contrarreforma" del Gobierno central "nos retrotrae tres décadas y nos devuelve a un sistema de seguro con numerosos copagos". "Sistema que excluye a los sectores más débiles y vulnerables de la población: inmigrantes sin papeles, personas en desempleo que no hayan cotizado, entre otros", ha apostillado.
Sánchez Maldonado ha precisado que los efectos sobre la salud de las personas paradas "son más o menos graves en función del nivel de protección social, de la fortaleza y prestaciones del Estado de Bienestar" y ha dicho que poner en marcha barreras económicas para el acceso a los servicios sanitarios (copagos) y recortes en las prestaciones "resultan una clara injusticia" con los desempleados. "Tales iniciativas suponen una agresión directa a este colectivo y un atentado a la equidad del sistema sanitario público", ha culminado.
