Publicado 24/04/2018 14:10

Aprobados planes de emergencia para las instalaciones de ODT en Málaga y SPB en Huévar del Aljarafe (Sevilla)

Simulacro de accidente
JUNTA DE ANDALUCÍA

Los dispositivos incluyen medidas de prevención y movilización rápida ante el riesgo de accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas para las plantas industriales de las firmas Oil Distribution Terminals, SL (ODT), en Málaga, y Suavizantes y Plastificantes Bituminosos, SL (SPB), en Huévar del Aljarafe (Sevilla). Con ellos son ya 68 las empresas de la comunidad que cuentan con estos dispositivos.

El plan para ODT garantizará la seguridad de los depósitos y almacenamientos de combustibles marinos a granel en las instalaciones del muelle 9 del puerto malagueño, donde los buques petroleros realizan sus descargas. Los riesgos de la planta, que también cuenta con un servicio de suministro a camiones cisterna, están asociados principalmente a la presencia de estos productos derivados del petróleo.

Por su parte, la fábrica de productos de limpieza de SBP en el Polígono Industrial de Huévar del Aljarafe contará con un plan de emergencia para prevenir y evitar vertidos y fugas de las sustancias de características inflamables, explosivas y tóxicas que se manejan en sus instalaciones.

Los planes de emergencia se diseñan en función de la cantidad, fijada en la normativa estatal, de sustancias peligrosas que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Elaborados en colaboración con las empresas por las delegaciones del Gobierno de la Junta en las provincias, permiten prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de posibles accidentes, además de hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y el medio ambiente. Asimismo, se someten a informe del Consejo Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa. El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia.

MEDIOS DE RESPUESTA

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las administraciones local, autonómica y estatal; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así Emergencias 112 Andalucía (Protección Civil, 112 y Grupo de Emergencias de Andalucía).

Su despliegue se prevé a partir de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación del efectivo corresponde a las delegaciones del Gobierno de la Junta, a través de los servicios de Protección Civil y de los centros de coordinación de Emergencias 112.

Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes especiales y específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los 43 de emergencia exterior para un total de 68 establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los últimos aprobados).