Publicado 07/12/2016 13:57

Arrendamientos de sedes judiciales bajan seis millones desde 2010, hasta los 14,3 millones

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La revisión de los contratos de arrendamiento de sedes judiciales y la reducción de su número ha permitido a la Junta de Andalucía un ahorro de seis millones de euros en los últimos seis años, al pasar de los 20,2 millones abonados en 2010, a los 14,3 que se pagan en la actualidad, según ha explicado este miércoles el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

Así lo ha dicho De Llera durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Parlamento andaluz, cuando ha reiterado la apuesta del Gobierno andaluz por aplicar una política de ahorro en el gasto público a través de la reducción de alquileres, por disminuir la dispersión de órganos judiciales y por modernizar los edificios y dotarlos de una mayor funcionalidad.

En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, el consejero ha defendido el "el intenso trabajo de los últimos años sobre el conjunto de alquileres de sedes judiciales" y ha adelantado que la tendencia a la reducción del gasto en alquileres se va a afianzar de manera notable con el traslado al Prado de San Sebastián de los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Sevilla, la adecuación de diferentes plantas del edificio central del Complejo de La Caleta, o la finalización de las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, ha explicado el consejero.

"Desde la Consejería de Justicia e Interior vamos a seguir trabajando por unas sedes judiciales en las mejores condiciones y ahorrando en alquiler de edificios judiciales y ello sin poner en riesgo el servicio que se ofrece a la ciudadanía", ha apuntado De Llera.

Desde que la Junta asumió las competencias en materia de Justicia, se ha venido trabajando en la adquisición y construcción de edificios en propiedad. Desde 2010 hasta hoy la Consejería ha prescindido de 25 contratos y ha reducido en 21 el número de sedes en alquiler.

Actualmente, Andalucía cuenta con un total de 166 sedes judiciales, de las que 94 son en propiedad o cesión de uso. El resto, 72, se encuentran en régimen de alquiler, manteniéndose vigentes un total de 99 contratos.