SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla, María Ángeles Fernández, ha destacado el "blindaje" que supone para el sistema sanitario público andaluza la Ley de Garantías y Sostenibilidad de éste, impulsada por el Gobierno Andaluz y se encuentra actualmente en pleno proceso de tramitación parlamentaria.
En rueda de prensa, Fernández ha puesto en valor esta norma que, tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno y superar el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento, está siendo ahora analizada por la Comisión de Salud. "Esta ley blinda la sanidad pública y garantiza el derecho a la protección de la salud", añade.
Fernández ha destacado que esta futura ley, que pronto espera que supere la tramitación parlamentaria, pretende "blindar el sistema sanitario y será básica para la sanidad pública andaluza, al tiempo que constituirá un referente en el Sistema Nacional de Salud, al no existir otra de esta naturaleza en el conjunto del Estado".
Ha defendido la necesidad de abrir un debate nacional y alcanzar un Pacto de Estado que garantice la sostenibilidad de la sanidad y asuma "los principios que deben ser irrenunciables: la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad y la accesibilidad; la financiación pública mediante impuestos generales progresivos, la provisión pública y la cohesión territorial".
Además, ha destacado que el modelo de sanidad "pública, equitativa y de calidad tiene más vigencia que nunca" y ha manifestado que el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad es una norma "ambiciosa", que el Gobierno andaluz ha llevado al Parlamento desde una posición de "diálogo y consenso y con el fin de que se mejore con las aportaciones de los diferentes grupos, para que sea un proyecto de todos para Andalucía".
Ha explicado que el debate del proyecto de Ley en el Parlamento, tanto en la Comisión de Salud como en Pleno, va a permitir que los distintos grupos parlamentarios, con sus aportaciones, se posicionen y se definan sobre el modelo sanitario que quieren para Andalucía y, "por tanto, va a servir para que se conozca el grado de compromiso con la sanidad pública que desde las legítimas opciones políticas se defienden".
FINES FUNDAMENTALES
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha explicado que entre los fines fundamentales del proyecto de ley se encuentra garantizar los principios de "universalidad, equidad, calidad, solidaridad e igualdad efectiva" de las prestaciones sanitarias públicas a cualquier persona que las necesite, "independientemente de su condición social, cultural o económica".
De este modo, señala que esta norma se vincula con la Constitución española que, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía el cual, en su artículo 22, garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal. En relación a este fin, Fernández ha destacado que "ahora más que nunca es necesario defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados".
Al hilo de ello, ha recordado que "con el trasfondo de la crisis económica, se han producido en estos años cambios en la regulación estatal sanitaria básica del país, que han supuesto la quiebra de la accesibilidad y equidad, señas de identidad del Sistema Nacional de Salud desde su constitución".
Concretamente, afirma que la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 "quebró la universalidad, excluyendo a personas que residen en España de la cobertura sanitaria", a la par que "supuso la implantación de un régimen extendido de copagos para todos los ciudadanos, y el paso por tanto de un sistema de cobertura universal a un sistema de aseguramiento, lo que supuso un retroceso del sistema sanitario público".
Con este Real Decreto, según incide, "se han quebrado algunos de los principios que no se habían puesto en cuestión por ningún gobierno", como los recogidos en la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986, y de la Ley General de Salud Pública de 4 de octubre de 2011.
DEBATE Y CONSENSO
Según señala la Junta en un comunicado, la presentación del proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía y su desarrollo, ha sido un compromiso asumido por la propia presidenta de la Junta de Andalucía en la X Legislatura del Gobierno andaluz, lo que ha otorgado "gran importancia a que esta norma alcance un amplio consenso". Por ello, desde el inicio de su elaboración y en el debate previo del texto se ha propiciado una "amplia participación".
Este proyecto de Ley se configura como "un instrumento eficaz para consolidar y fortalecer un sistema sanitario público, universal, de calidad, con suficiencia financiera y a la vez eficiente, con transparencia e inspirado en principios y valores irrenunciables". En este sentido, el texto recoge, en su segundo artículo, que el objetivo que se persigue es atender las necesidades actuales de la población sin comprometer la capacidad de hacerlo en el futuro, asegurando un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad y, por tanto, garantizando su sostenibilidad.
TRAYECTORIA Y PARTICIPACIÓN
La elaboración de esta norma se inició en 2015, con los trámites preceptivos de información pública y audiencia, que en este caso ha sido muy amplio, tanto en el tiempo en que se ha desarrollado, durante dos meses y medio, como en el grado de participación de los distintos agentes sociales, ya que se ha realizado consulta a diferentes representantes de la ciudadanía, del mundo empresarial y de los profesionales, a través de los respectivos colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas del sector sanitario y las sociedades científicas.
Junto a ello, se han realizado nueve foros de diálogo, uno autonómico y en cada una de las provincias andaluzas, con las 49 sociedades científicas profesionales andaluzas, que han contado con la participación de asociaciones del ámbito ciudadano, de pacientes, de ayuda mutua y profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario público.
PILARES DE SOSTENIBILIDAD
El texto desarrolla --a lo largo de 37 artículos, dos disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales-- los principios y los elementos esenciales para garantizar la calidad y la perdurabilidad del sistema público de salud. Asimismo, actualiza el marco regulador esencial de la sanidad pública, modificando la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, con el fin de consolidar los avances que han transcurrido desde su aprobación.
La sostenibilidad de la sanidad pública se contempla desde una visión integral que se sustenta en cuatro pilares, según detalla, mencionando el económico, el social, el ambiental y el del conocimiento y la I+i.
En este sentido, señala que se seguirá avanzando en la gestión clínica, las compras homogéneas para todos los centros sanitarios, el uso racional del medicamento, los procesos asistenciales integrados o la cirugía mayor ambulatoria. Junto a ello, se continuará impulsando la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos, y se establecerán medidas de educación para la salud, dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de fármacos. Además, la norma establece también formas más eficientes para incorporar nueva tecnología sanitaria al sistema.
