SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Jueces y magistrados recibirán este año formación especializada sobre diferentes materias innovadoras en el ámbito de lo penal, lo civil y lo mercantil, así como en el de la problemática jurídica que genera la situación de Andalucía como frontera intercontinental.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han firmado este convenio de colaboración con el que destinarán 21.870 euros a financiar los cursos de formación que van a tener lugar entre mayo y noviembre en Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz y Algeciras, con la asistencia de cerca de 60 jueces y magistrados, según ha detallado la Consejería en un comunicado.
El objetivo de estas actividades "es propiciar un espacio de discusión entre los profesionales de la judicatura, fomentando el análisis y el debate en materias que afectan a la práctica judicial por sus aspectos innovadores y controvertidos o por la problemática que conllevan".
El programa de este año incluye un encuentro de jueces de lo Civil y Mercantil sobre zonas de conflicto, que tendrá lugar en Granada del 11 al 12 de mayo; uno de la jurisdicción penal sobre nuevas medidas de investigación tecnológica, que se desarrollará en Málaga del 8 al 9 de junio, y otro que analizará del 21 al 22 de septiembre en Cádiz y Algeciras la problemática jurídica de la frontera intercontinental que ocupa Andalucía y una estancia en Sevilla para conocer el funcionamiento de las instituciones autonómicas.
Además de este convenio, la Consejería de Justicia e Interior, en colaboración con el Consejero General del Poder Judicial, impulsa cada año la celebración del Foro de Formación Estatal y Estudios Medioambientales del Poder Judicial, que tiene su sede principal en Sevilla.
Este foro tiene como principal objetivo "mejorar la formación y los conocimientos de la judicatura sobre los temas que atañen a la conservación del medio ambiente, a fin de impulsar el tratamiento jurídico y administrativo de la protección del entorno y obtener una respuesta judicial más efectiva ante las agresiones y delitos cometidos en ese ámbito".
A través de estas actividades, el Ejecutivo andaluz y el órgano de gobierno de los jueces "mantienen un fluido y permanente cauce de comunicación con los operadores jurídicos para trasladarles la gestión que en materia ambiental realiza la Administración autonómica y también la realidad y contexto jurídico y administrativo en este ámbito".
