SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, una nueva entidad que tiene como objetivo garantizar el uso adecuado de la colaboración público-privada en el ámbito de la Junta y velar por el carácter excepcional de los contratos de asociación, solo para inversiones inaplazables y sin sobrecostes excesivos.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Juan Carlos Blanco, ha explicado que, de acuerdo con el decreto, que se adapta a la normativa estatal sobre la materia, la Oficina estudiará la viabilidad de los proyectos en los que participe el sector privado y que supongan comprometer recursos de la administración andaluza y sus entes instrumentales.
Para ello, según ha agregado, evaluará la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y de gestión de servicios públicos, con carácter previo a la licitación de los contratos, y emitirá un informe que tendrá carácter preceptivo y vinculante. Asimismo, informará las inversiones de la Junta que se ejecuten a través de la fórmulas de colaboración público-privada (denominadas "de asociación" en las nuevas normativas europeas y estatales), con el fin de mejorar su calidad y racionalizar la asignación de los recursos públicos.
El portavoz ha señalado que el nuevo órgano actuará bajo los principios de defensa de los intereses generales, eficiencia y economía que deben regir la programación y ejecución del gasto público. Su informe será preceptivo siempre que se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de concesiones administrativas, así como medidas de apoyo a la financiación del concesionario. También será obligatorio para concesiones de obra pública y contratos de gestión de servicios públicos en los que la tarifa sea asumida total o parcialmente por la Junta y sus entes, y su importe o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.
Los informes evaluarán variables como la rentabilidad del proyecto, la demanda del mismo o los riesgos que se asumen, mediante la aplicación de criterios objetivos y homogéneos. La Oficina dispondrá de 30 días naturales para estudiar y emitir su valoración, plazo que podrá reducirse a la mitad en caso de urgencia.
Los informes serán vinculantes, de modo que los órganos de contratación públicos no podrán apartarse de su sentido, y todos serán publicados en la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. A ello se suma la publicación anual de una memoria de actividad.
Adscrita a la Viceconsejería de Hacienda y Administración Pública, la Oficina se organiza como órgano colegiado integrado por seis miembros, titulares a su vez del citado centro directivo; de la Secretaría competente en sostenibilidad financiera; de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de las direcciones competentes en patrimonio, presupuestos y planificación económica. Para su funcionamiento, que no supondrá cargas administrativas adicionales, se podrán crear comisiones técnicas y grupos de trabajo, de carácter temporal o permanente, en las que participará personal funcionario.
