La agencia alega que está "resolviendo con la máxima diligencia el problema generado por la falta de aparatos de aire acondicionado"
SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Después de que el PP de Sevilla reclamase que los adjudicatarios de los alojamientos sociales de la promoción levantada en el barrio de San Bernardo por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) quedasen exentos del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la cita agencia ha defendido "la obligatoriedad legal de repercutir el IBI a los inquilinos de los alojamientos protegidos, como cualquier otro adjudicatario de vivienda pública". AVRA, además, alega que está "resolviendo el problema generado por la falta de aparatos de aire acondicionado en el edificio".
El cobro de este impuesto, según AVRA, viene establecido en el articulo 63.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y ratificado por dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía en abril de 2012. "De este modo y como ocurre en cualquier promoción de vivienda protegida titularidad pública, cuando la Agencia abona el IBI girado por el Ayuntamiento, lo repercute a los inquilinos y estos alojamientos protegidos de San Bernardo no pueden recibir un trato diferenciado porque se estaría incumpliendo la ley", argumentan desde AVRA.
El director gerente de esta agencia, Luis Jiménez, ha censurado al PP que "no debe, por tanto, criticar ese extremo, y menos cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se dispone a cobrar ahora, con efecto retroactivo y de una vez, cuatro años de IBI a 20.000 familias con viviendas protegidas en el barrio de Ensanche de la capital". En este sentido, ha asegurado que "El PP no puede decir una cosa en Andalucía y hacer lo contrario en otra comunidad y debería ser consecuente".
Luis Jiménez ha añadido que "tampoco debería el PP poner en cuestión ni denunciar irregularidades en los contratos de alquiler que han suscrito los inquilinos de estos 139 alojamientos protegidos, ya que cumplen en todos sus términos la normativa vigente en materia de arrendamiento de vivienda. Por lo tanto, no hay ninguna irregularidad en las condiciones que fijan y asumen las partes firmantes de esos contratos. Las únicas variables respecto a los contratos que firman los inquilinos de vivienda protegida se deben a que los alojamientos constituyen un modelo de residencia diferente a aquella", ha precisado el responsable de AVRA.
Mientras el PP avisa de que los contratos incluyen, como irregularidad, "una renta de 159 euros, además de un uno por ciento de gastos de gestión y servicios comunes del alojamiento y dos meses de aval cuando lo habitual es uno", expone Jiménez que "los contratos bajo ningún concepto contienen irregularidad de ningún tipo y los adjudicatarios los han firmado con absoluta libertad, sin coacción ni amenaza alguna".
"Los adjudicatarios fueron conocedores también de la existencia de un cupo de alojamientos para mayores de 65 años, otro para menores de 35, y otro para personas con movilidad reducida. Dadas las características de los alojamientos, no residen menores en los mismos, como apunta el Partido Popular, salvo algún caso excepcional de familia monoparental con hijo. Por el contrario, sí hay un número importante de personas mayores, a las que AVRA está resolviendo con la máxima diligencia el problema generado por la falta de aparatos de aire acondicionado en el edificio. De hecho, ya se ha instalado parte de los equipos necesarios, en un proceso que continuará en los próximos meses hasta dotar de dicha instalación a la totalidad de alojamientos".
Jiménez, además, defiende que conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, los adjudicatarios de estos inmuebles "tienen la obligación de depositar dos meses de fianza". En cuanto a la renta de estos alojamientos, viene establecida por la calificación provisional y definitiva de los mismos, en función de los metros cuadrados y de los garajes vinculados. Según AVRA, "como cualquier inquilino de vivienda arrendada, los adjudicatarios de los alojamientos deben sufragar gastos generados por los servicios comunes, como la luz, los ascensores o la limpieza de las zonas comunitarias, entre otros que se generan en el complejo, como los del personal de seguridad y mantenimiento".
