Actualizado 21/06/2018 10:32

La Junta impone 30 millones en sanciones firmes en tres años por infracciones en materia de consumo

La relación de personas físicas y jurídicas sancionadas, motivo de las sanciones y cuantía está disponible en la página web de Consumo Responde

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud ha publicado la relación de sanciones firmes impuestas en el periodo 2015-2017, como resultado de los expedientes iniciados tras la detección de infracciones en la aplicación de la normativa de consumo. En total, en dicho periodo se han sancionado con carácter firme 7.099 infracciones por un importe total cercano a los 30 millones de euros (29.610.981,19 euros).

Según un comunicado, esta información está disponible en la página web de Consumo Responde, en respuesta a lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. En los listados publicados se puede consultar la relación de personas físicas y jurídicas sancionadas, el tipo de infracción cometida y el importe de la multa.

El hecho de que se trate de sanciones firmes supone que la resolución por la que se impone la sanción no ha sido recurrida en plazo en vía administrativa o, que, habiendo sido recurrida, se ha dictado y notificado la resolución del recurso presentado.

Concretamente, de acuerdo con la información que consta en la aplicación informática de la Administración de Consumo a fecha de 30 de mayo de 2018, son firmes las sanciones impuestas por la comisión de 2.798 infracciones correspondientes al año 2015, que suponen un importe de 6.615.811 euros, las sanciones impuestas por la comisión de 2.512 infracciones correspondientes al año 2016, que suponen un importe de 20.660.576,88 euros, y las sanciones impuestas por la comisión de 1.789 infracciones correspondientes al año 2017, que suponen un importe de 2.334.593,31 euros.

Entre las principales infracciones sancionadas se encuentran las relacionadas con los incumplimientos en materia de información en la venta de bienes o prestación de servicios, no disponer de libros oficiales de hojas de quejas y reclamaciones, no responder a las mismas en el plazo de 10 días hábiles que establece la normativa, incumplimiento de medidas o requerimientos de la Administración, o incumplimiento en la indicación de precios, entre otras irregularidades.