SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, considera necesaria una estrategia nacional contra la pobreza, la exclusión social y la desigualdad que contemple un glosario de medidas entre las que hay que destacar un verdadero sistema nacional de rentas.
Así lo ha dicho la consejera durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento, donde ha detallado que esa estrategia es uno de los aspectos en el que están trabajando conjuntamente el Gobierno central y cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, a través del marco del Programa para el Empleo y la Innovación Social de la UE, en el que se ha puesto en evidencia la necesidad de revisar el sistema de garantía de ingresos en España.
Sánchez Rubio ha reiterado este miércoles la conveniencia de legislar sobre la renta básica estatal, como se hizo con la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas.
En un repaso por las políticas destinadas al bienestar y la protección de las personas con especial necesidad, la consejera ha dicho que al Gobierno andaluz le preocupa especialmente la pobreza infantil como indica el porcentaje de que el 28,5 por ciento de las niñas y niños están en riesgo (pobreza relativa) y el 9,8 por ciento en situación de carencia material severa.
Para paliar estas situaciones la Junta cuenta con diversas medidas como el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), aprobado mediante Decreto, que se concede a unidades familiares que no alcanzan unos recursos mensuales. Para ello, este año se destinan algo más de 90,6 millones de euros, que permitirán atender a más de 99.000 personas, dotación que se va a incrementar en el presupuesto de 2017, tal y como se acordó en el Debate del Estado de la Comunidad.
Asimismo, ha destacado el decreto-ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, que incluye el programa Extraordinario de Ayuda a la contratación de Andalucía (Peaca) que se realiza a través de los Ayuntamientos andaluces. Este año se han acogido 774 municipios que realizan una media anual de más de 26.000 contratos.
Igualmente, al Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, se ha destinado este año algo más de 6,4 millones de euros y se han acogido 747 municipios, con unas 29.000 personas atendidas.
Sánchez Rubio ha resaltado también el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, dotado este año con casi 5,7 millones de euros que han permitido atender unas 20.000 personas con escasos recursos económicos. En esta iniciativa se incluyen las 66 escuelas de verano, en las que se han atendido a 4.697 niños, los comedores sociales, el servicio de catering para personas mayores de 65 con escasos recursos económicos y otras acciones como la recogida de alimentos no perecederos realizada por entidades de voluntariado.
Respecto a las ayudas económicas familiares que se transfieren a los ayuntamientos, se han destinado este año algo más de 9,7 millones de euros familias beneficiadas de estas ayudas fueron 15.121 familias y 28.000 niños en 2015. También a los menores van destinadas las acciones de la Alianza para la lucha contra la pobreza infantil, que en junio de 2015 suscribió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con treinta Entidades y Organizaciones de la Sociedad civil para contrarrestar los efectos de la crisis, la exclusión y la pobreza en el colectivo de los más pequeños.
Del mismo modo, este año se ha puesto en marcha el proyecto de la Estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía, financiado por fondos sociales europeos para mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la activación y de itinerarios integrados y personalizados de inserción. En concreto, para el periodo 2016-2020 se destinan más de 169,3 millones de euros.
PP Y PODEMOS: "MEDIDAS FALLIDAS"
Tras escuchar a la consejera, en el turno de los proponentes de la comparecencia, la portavoz 'popular', Ana Vanessa García Jiménez, ha lamentado que en la relación de las medidas de Sánchez Rubio "no haya propósito de enmienda" y que no se prevea "una rectificación del camino" emprendido hasta ahora.
Tras exponer que un tercio de los 3,5 millones de españoles en pobreza extrema son andaluces, que el 43 por ciento de los ciudadanos de la región están en riesgo de exclusión social y que mientas que en España la tasa de pobreza ha bajado, en Andalucía ha subido, García ha resumido que "los datos de Andalucía son peores que los de España" y, por ello, ha lamentado que no haya en la Administración regional "un poco de conciencia y autocrítica" y que se intente "dar lecciones a los demás cuando uno no tiene su casa limpia".
La portavoz 'popular' ha lamentado que la conclusión que pareciera traslucir de la actitud y palabras del Gobierno regional es "el conformismo" y que "como somos los más pobres tenemos que estar condenados a serlo eternamente".
Por su parte, el portavoz de Podemos, Jesús Romero, ha coincidido con la 'popular' en tildar de "relato de medidas fallidas" lo expuesto por Sánchez Rubio. No han dado con los objetivos concretos", ha expuesto el parlamentario, para quien se evidencia que si la recuperación económica y el aumento del empleo no ha contribuido a mejorar la situación de la pobreza o la exclusión es porque "los trabajadores son pobres" y no tienen los ingresos mínimos necesarios para salir de una situación de pobreza y riesgo de exclusión social".
Romero ha reclamado, coincidiendo con la portavoz de IU, Elena Cortés, que se ponga en marcha la Renta Básica que contempla el Estatuto de Autonomía y ha afeado que desde 2007 se haya puesto "en brete el desarrollo estatutario" echando para atrás "resoluciones o la iniciativa legislativa popular" en este sentido.
"Exigimos que el Consejo de Gobierno apruebe y remita a este parlamento la ley de Renta Básica", ha subrayado Cortés poco antes de que Romero propusiera un pacto entre los grupos parlamentarios para que esa ley de la Renta Básica llegue "al menor tiempo posible" y sean contemplados "los derechos humanos como derechos de verdad y no como una simple cuestión asistencial por los poderes públicos".
El portavoz de la formación morada también ha reivindicado un Pacto andaluz contra la pobreza y la exclusión social que tenga "objetivos claros y dinero para solventar esa lacra"; mientras que la portavoz del Grupo Socialista, María Soledad Pérez, ha dicho que Andalucía ya tiene un pacto contra la pobreza en el decreto de inclusión que, según ha recordado, la propia Comisión parlamentaria de Políticas Sociales aprobó por unanimidad prorrogar las medidas de ese decreto "porque estaba funcionando" y ha abogado por "seguir manteniendo lo que funciona".
Con respecto a la Renta Básica, Pérez ha mantenido que "no es la panacea" pero considera que en ese sentido se debería avanzar, por lo que ha ofrecido al resto de grupos debatir el modelo de Renta Básica social que necesita Andalucía en este momento. "Nos ofrecemos y nos ponemos a disposición del resto de grupos para poder tener unas conclusiones y el Gobierno sepa de qué modelo hablan los grupos", ha dicho la socialista.
