SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha destacado este jueves que las cláusulas sociales sitúan a Andalucía a la vanguardia en contratación pública que, además, supone el 19 por ciento del PIB regional, y ha defendido el papel ejemplar de la Junta, "la mayor empresa de la comunidad autónoma", en la protección del medio ambiente, las políticas sociales y el fomento de la innovación, pues "brinda a las empresas incentivos reales para desarrollar una gestión sostenible y socialmente responsable".
Durante su intervención en la inauguración de las jornadas sobre el nuevo marco normativo de la contratación, organizadas en Sevilla con el objetivo de abordar los cambios registrados en este ámbito, Montero ha subrayado que la relevancia del peso de la contratación pública en el PIB justifica la necesidad de abordar su futuro "con una visión integral", dado su "potencial transformador" como instrumento estratégico de las políticas públicas.
En este contexto, se ha referido a las cláusulas sociales y medioambientales, aprobadas por el Gobierno andaluz y consensuadas con los agentes sociales y la patronal, dirigidas a la consolidación de un tejido empresarial "sostenible" y con un fuerte compromiso social y medioambiental, así como a favorecer la inserción laboral de las personas con más dificultades para acceder al empleo.
La consejera también ha aludido a los avances realizados por la administración autonómica para racionalizar y mejorar la eficiencia de las compras públicas "favoreciendo el control del gasto", así como para reforzar la transparencia en la gestión de los contratos. "Tenemos la oportunidad de convertir la compra pública en una herramienta estratégica de enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible, impulsando un crecimiento económico que vaya acompañado de progreso social y de respeto al medio ambiente", ha subrayado.
Montero ha avanzado que desde su departamento se está trabajando en un modelo de contratación común para toda la Junta de Andalucía, orientado a la simplificación de tiempos y procedimientos y que asegure la calidad en la prestación de los servicios públicos. La centralización en la contratación permitirá, a su juicio, dotar de mayor flexibilidad las licitaciones públicas y simplificar los procesos de adjudicación. Se trata, según ha explicado, de "obtener mejores resultados con la menor inversión posible, tanto en términos de tiempo como de recursos económicos y personales, y garantizar así un uso eficiente de fondos públicos".
En esta línea y con el fin de "asegurar la máxima transparencia", la consejera también ha anunciado un Portal único de contratación, que será punto de acceso común a la contratación de la Junta de Andalucía para empresas, ciudadanos y gestores, y que estará operativo en 2017. También ha manifestado la necesidad de establecer mecanismos y herramientas para la evaluación de la contratación pública, mediante la definición de indicadores de seguimiento y control, la implantación de un sistema de análisis de la información y el desarrollo de aplicaciones específicas de seguimiento en los contratos.
TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES
Las jornadas, que se desarrollan entre los días 24 y 25 de noviembre, han sido organizadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública, y contarán con la participación de técnicos de la Administración andaluza, así como con representantes de otros tribunales autonómicos, y juristas de la Universidad y el TSJA.
Creado en 2011, como órgano especializado y de plena independencia funcional, el Tribunal administrativo andaluz permite corregir malas prácticas en la contratación pública e evitar la vía judicial para la resolución de controversias. Desde su puesta en marcha, ha dictado más de 1.400 resoluciones que constituyen un "cuerpo de doctrina" que sirve de guía en los procedimientos de contratación de la administración pública.
