La futura Ley de FP tendrá 189 millones de memoria económica para adecuar la oferta formativa al mercado

Los consejeros andaluces de Educación, Sonia Gaya, y Empleo, Javier Carnero
EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA
Actualizado 05/12/2017 14:46:05 CET

Ha sido preferible, según la Junta, optar por "esperar un poco" para garantizar el "éxito" de la norma por el consenso con agentes sociales

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes el proyecto de la Ley de Formación Profesional (FP) de Andalucía, que establece un nuevo marco de planificación de estas enseñanzas: sus principales objetivos se dirigen a elevar los niveles de cualificación de la población activa, adecuar la oferta formativa al nuevo modelo económico que demanda la comunidad y potenciar la empleabilidad de jóvenes y trabajadores.

Para todo ello, contará con una memoria económica "progresiva" hasta el próximo año 2020, en el que se prevé que entre plenamente en vigor, de un total de 189.935.400 euros. Según la misma, los ciclos formativos andaluces aumentarán hasta 715 y hasta 25.800 las plazas de FP, mientras que se dará un incremento de efectivos docentes, hasta 1.621.

Los principales puntos del texto ha sido presentados en rueda de prensa por los consejeros andaluces de Educación, Sonia Gaya, y Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero. De esta manera, la primera ha puesto de manifiesto la "apuesta" por esta vía, "principal vía de cualificación y profesionalización de los recursos humanos", del Gobierno andaluz, que "asume importantes retos", con la habilitación de un marco "flexible y coherente", introduciendo criterios de evaluación, acreditación y orientación en competencias profesionales y abogando por la apertura al tejido productivo y la conexión con la universidad.

Se inicia ahora el trámite parlamentario del proyecto, en el cual la administración regional espera que los grupos políticos participen activamente en las aportaciones y mejoras, así como que se pueda solventar con relativa rapidez. Gaya, en este sentido, ha precisado que a pesar del retraso que la misma ha sufrido en su procedimiento, ha sido preferible optar por "esperar un poco" para garantizar el "éxito" de la misma por el consenso con los agentes sociales.

Así, la futura norma, "muy esperada", creará una red pública de centros, un servicio de orientación profesional y nuevas formas de gobernanza. Además, sentará las bases para establecer un sistema permanente que desarrollará el acceso, asesoramiento, evaluación y certificación de competencias profesionales, de acuerdo con la normativa estatal: de esta manera, habrá una planificación que garantice que la FP en Andalucía responda a la demanda de mano de obra cualificada.

El proyecto recoge la creación del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía, integrado por las actividades de formación, el servicio de orientación profesional y los agentes sociales y económicos, así como la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia o de vías no formales de formación. Este sistema garantizará la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a las personas con discapacidad. Por vez primera se regulará el Servicio de Orientación y Acreditación Profesional, que se encargará de la información y de los procedimientos sobre estas materias.

La nueva ley recogerá también la atención a la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para mejorar la capacitación de los trabajadores de todos los sectores ante los retos que plantea la nueva economía digital y la industria 4.0. Asimismo, se recoge la elaboración del Plan Estratégico de la Formación Profesional de Andalucía, de carácter bienal.

La normativa --que, según ha explicado Carnero, cuenta con el aval de 78 asociaciones y organismos del sector-- impulsará el desarrollo de la Formación Profesional en alternancia o dual, que combina la actividad formativa con la laboral en una empresa. Para la realización de estos proyectos se establecerán convenios de colaboración entre los centros de formación y las compañías del sector correspondiente. Este curso estudian esta formación dual cerca de 4.000 estudiantes en 168 centros educativos, con una oferta de 321 proyectos. También ha crecido el número de empresas participantes desde las 87 iniciales hasta las más de 2.800 actuales, con una inserción laboral del alumnado en torno al 80 por ciento.

RED DE CENTROS

El nuevo ordenamiento tendrá uno de sus pilares en la creación de la Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía, integrada por los centros que imparten FP en el sistema educativo y aquellos que ofrecen FP para el empleo.

Los Centros Integrados de FP, que colaboraran de manera estrecha con las empresas, tendrán una amplía autonomía de gestión para poder organizar de manera flexible la oferta formativa que se demanda en su entorno. Además, se potencia la formación y actualización del profesorado de estas enseñanzas para que estos centros cuenten con profesionales expertos y dotados de los recursos didácticos y pedagógicos necesarios.

En la FP de sistema educativo, las actividades docentes se organizarán de manera que el alumnado entre en contacto lo antes posible con las empresas y complete la adquisición de competencias profesionales. Se establece también un procedimiento permanente de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral y vías no formales de formación.

Respecto a los nuevos mecanismos de gobernanza, la futura ley creará el Consejo Rector del Sistema de Formación Profesional de Andalucía como órgano consultivo, de participación, planificación estratégica y evaluación de las políticas del sistema de formación y cualificación profesional. Estará integrado por representantes de la Junta y de organizaciones empresariales y sindicales.

En el Consejo Andaluz de FP se constituirán las Comisiones Paritarias Sectoriales y la Paritaria Intersectorial, órganos de participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Por su parte, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales (IACP) pasará a constituirse como un servicio administrativo de gestión diferenciada, actuando como un instrumento de apoyo técnico al Consejo Rector.

En Andalucía este curso estudian FP más de 145.000 alumnos en un total de 687 centros docentes. En la FP para el Empleo, la actual programación desarrollará 1.500 acciones para más de 22.800 personas desempleadas, así como 181 proyectos de formación dual en el empleo, mediante Escuelas Taller y Talleres de Empleo. De ellos se beneficiarán 2.715 andaluces.

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